Lo que recientemente ha advertido el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos confirma lo que hace tiempo ha venido diciendo el común de la gente: la infraestructura para medir la calidad del aire en el estado de Morelos es evidentemente insuficiente, ya que se necesitarían por lo menos 30 monitores del aire colocados de manera estratégica en la entidad.
La especie se relaciona con la “ganga” de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que por estos días promueve el negocio de los dueños de los centros de verificación automotriz, ofertando la condonación de hasta el cien por ciento de las multas a las personas cuyos vehículos no fueron verificados la última o inclusive ninguna vez. Tanta “generosidad” confirma la vieja sospecha de que el gobierno no protege al pueblo sino a los intereses del o los propietarios de los establecimientos verificadores.
¿Es estrictamente necesaria la revisión de los automotores? No en los casos de las unidades de modelos, digamos, del año 2012 en adelante que representan la mayoría, y sólo en los vehículos con diez o más años de antigüedad. Las carcachas, pues, tengan o no el catador catalítico que reduce gases nocivos expulsados por el motor.
En número redondos hay unos 15 mil taxis, 6 mil 601 rutas y 120 mil camiones de carga. Pero al menos tres de cada diez taxis son de modelos anteriores a una década y más tiempo atrás. Los “Tsurus” de los años noventa llenan los paisajes de Cuernavaca y el interior del Estado, carcachas ruidosas que circulan literalmente cayéndose a pedazos.
Antes de la pandemia del Covid-19 el pretexto para la no renovación de taxis y rutas fue económico, y después sanitario. Sucedió lo mismo con las rutas y los transportes de carga, destacadamente los camiones materialistas.
Suspendida la verificación vehicular en julio de 2016 por las contingencias ambientales de la Ciudad de México, ello dio pretexto al inicio de la desaparición de verificentros que eran propiedad de empresarios morelenses. Hoy día es un negociazo, atestados de usuarios obligados los centros verificadores ubicados en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec y Cuautla para un padrón vehicular de alrededor de 600 mil unidades.
Un negociazo, un monopolio…
En ninguna entidad donde los automóviles son sometidos a la verificación ecológica el servicio es tan reprobable como en Morelos. El nuestro, los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Malo y caro el servicio, arbitrariamente aplicadas con cualquier pretexto multas y recargos siguiendo en cualquier época el dicho popular del año de Hidalgo (“¡pendejo el que no se lleve algo!”). Monopolizados los centros de verificación, sin la intervención de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) como sucedió por años, presuntamente los dichos negocios pertenecen a un empresario que es funcionario, no a cuarenta y tantos como ocurrió durante décadas. Lo cual desde la asignación del contrato suscita sospechas de corrupción pero hasta ahora sin consecuencias políticas. Lo que abundan son las quejas de automovilistas, porque, aparte de oneroso el trámite es insoportablemente lento y desconocido el porcentaje de vehículos que no pasan la prueba supuesta o en realidad anticontaminante. La corrupción, pues, que detesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo mejor por eso últimamente viene menos a Morelos… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán