Con tal de que los automovilistas lleven a verificar sus vehículos y paguen por la revisión, habrá descuentos en las multas del 50 hasta el 75 por ciento, destaca Alan Dupré Ramírez, secretario de Desarrollo Sustentable. Señala: el 2025 es uno de los años con menor recaudación por este concepto, lo cual pone a Morelos en el riesgo de salir de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y precisa: en las tres regiones metropolitana, oriente y sur, hay once verificentros, y el objetivo es aumentar el número de automotores revisados ya que para Morelos este año es uno con menor recaudación. Esto ante los permisos provisionales para circular que miles de automovilistas compran cada mes, evitando pagar por la verificación. Sin embargo, históricamente el negocio no ha sido pequeño. Tomemos por ejemplo el año 2019, cuando solamente dos cientos mil vehículos fueron verificados contra otros tantos que no lo fueron. A razón de 500 pesos cada uno representaron cien millones de pesos, pero andando los días entró mucho más dinero, conservador el cálculo inicial pues no incluyó las multas de mil 128 pesos a cada automovilista que no verificó durante la última prórroga. La suma no se la llevó el Gobierno del Estado, sino los dueños de las empresas a las que les fueron concesionados los verificentros…
El servicio de los centros de verificación automotriz nunca ha sido del todo bueno; hacer el trámite suele costarles horas a los automovilistas, pero ninguna autoridad se hace responsable. ¿Quién o quiénes eran o son los dueños de los verificentros? Aparentemente varias empresas, doce nombres, según la resolución de la SDS cuando en diciembre de 2016 comunicó el otorgamiento de las concesiones, pero no así las versiones en medios empresariales que mencionaban la concentración de pocos propietarios, foráneos, poderosos, millonarios, ligados a intereses políticos.
El hecho es que en las entidades donde los automóviles son sometidos la calidad de la verificación ecológica es cuestionada y cara. A finales de 2019, unos 500 pesos contra 230 de hacía apenas dos años, arbitrariamente aplicado un recargo en el año de Hidalgo. El nuestro, los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis… Monopolizado el servicio, y ya sin la intervención de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, como sucedió por años, aparente mente los centros de verificación pertenecían a pocos empresarios. Lo cual desde el inicio de la asignación de los contratos suscitó sospechas de corrupción, pero hasta ahora sin consecuencias políticas. A mediados de diciembre de 2019 Javier Bolaños Aguilar resumió la inconformidad de miles de automovilistas. Exigió a “la autoridad ambiental federal” que auditara los centros de verificación. ¿A cuál autoridad se refirió? A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o cualquier otra parecida. Pero los titulares de esas dependencias se hicieron como el tío Lolo. La verificación vehicular fue suspendida en julio de 2016, cuando en Morelos la contingencia ambiental de la Ciudad de México dio pretexto al borrón y cuenta nueva, desaparecidos por inanición los cuarenta y dos verificentros iniciales propiedad de morelenses y sustituidos por once fijos y dos móviles de varias o una sola empresa fuereña. Un negociazo, perjudicados los usuarios, pues fueron insuficientes diez o menos centros de verificación para revisar a más de cuatrocientas mil unidades del parque vehicular con placas de Morelos. E insufribles las “colas” de automotores para ser verificados en los locales de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Cuautla, Jojutla, Yautepec, Jantetelco y Mazatepec que no funcionaron correctamente. (Me leen el lunes).