La Fiscalía General del Estado fue distinguida con el segundo lugar del Premio a la Innovación en Transparencia 2020 por su plataforma de Datos de Feminicidios, y ello provocó que el fiscal Uriel Carmona Gándara hinchara el pecho de orgullo. Pero eso es una cosa, y otra, el trofeo a la impunidad a que se ha hecho acreedora la propia Fiscalía por miles de casos de crímenes sin castigo, entre muchos otros la desaparición, posible secuestro y presunta ejecución de dos civiles de Yautepec a manos de elementos de la Policía Estatal del llamado Mando Coordinado (MC). El 16 de enero, el empresario Román Martínez García y su empleado Luis Fernando Ogazon Ariza fueron secuestrados y desaparecidos por presuntos policías del MC adscritos al municipio de Yautepec, denunciaron horas después familiares y amigos que protestaron en la comandancia de Yautepec para exigir la presentación con vida de sus dos vecinos. Aseguraron que la última vez que los vieron fue cuando fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal. Un empleado del empresario advirtió: “El señor Román Martínez iba en su camioneta con Luis (sic). Alcanzó a enviarnos mensajes donde decían que los iban persiguiendo los policías. Fue el último mensaje y ya no se supo nada más que una camioneta se les cerró, y se estamparoncon esa unidad y de esa forma fue como los bajaron”. Añadió: “gente que iban transitando y vecinos de ese alrededor comentaron que (a) esa persona lo estaban golpeando los policías, los estaban golpeando brutalmente”. Pero no obstante la claridad de los testimonios, la primera reacción del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, fue dudar que policías bajo su mando estuvieran involucrados en la posible desaparición de los dos civiles; declaró que ello no le constaba. Diferente fue la reacción del alcalde Agustín Alonso Gutiérrez; se puso al lado del pueblo, tronó en la explanada del centro histórico de la cabecera municipal ante docenas de periodistas y lugareños: “Esa desaparición forzada no es más que el secuestro llevado a cabo por los encargados de brindar la seguridad, es un acto aberrante y humillante que hiere las fibras más sensibles de la población. Es un acto vil que destruye no sólo al secuestrado o desaparecido sino a toda la familia por completo. Es un atentado a la base misma de la sociedad”. Anunció que junto con el cabildo iría a la Ciudad de México para denunciar este caso en la Secretaría de Gobernación. El fiscal Carmona y el comisionado Ortiz optaron por la táctica del avestruz. Ya se cumplió más de un mes de la desaparición y probable homicidio. El gobierno del hoy se presume distinto al del ayer, pero también apuesta al olvido mediático… DIPUTADO por el PES, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez no fue echado de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado por decencia política, fue arrastrado por la acusación de inmoralidad a su compañero de bancada y partido, Marcos ZapotitlaBecerro. Lo siguiente será que una diputada de Morena sustituya al diputado pesista que puso pies en polvorosa, y le ponga el último clavo al ataúd de la carrera política del legislador condenado al destierro por el jurado de la sociedad… COMO gato panza arriba se defiende el notario público y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz. Decidido a seguir dobleteando cargos e ingresos, al cártel de futboleros metidos a “políticos” les restregó en la cara los casos de Hugo Salgado Castañeda y Felipe Güemes que dejaron temporalmente sus puestos de fedatarios para desempeñar cargos de gobierno, y más acá los episodios de Olga Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre que salieron provisionalmente de sus notarías para asumir como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tanto en el terreno de la política como en cuestiones jurídicas, está visto que el Ejecutivo carece de asesores… (Me leen después).
Por JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN / jmperezduran@hotmail.com