Los presidentes municipales que dejaron de serlo el 31 de diciembre de 2018 debieron decirles a sus sucesores: “si te vi, no me acuerdo”.

 Les estaban heredando deudas por casi mil 500 millones de pesos, de préstamos solicitados a la banca pública y privada, así como alrededor de 5 mil demandas laborales, algunas de ellas legadas por sus predecesores, y además, 564 millones 700 mil pesos por laudos diversos de 33 ayuntamientos.

 Esto de acuerdo con información del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios con un corte al 30 de septiembre en el que naturalmente no se hallaban los tres municipios indígenas de reciente creación.

 Los actuales ayuntamientos ya estaban en la chilla cuando iniciaron funciones, escuálidos sus ingresos y obesos sus egresos, herederos de deudas viejas a proveedores y constructores.

 Y no podían estar peor cuando en la proximidad del año 2020 se les abrió una ventanita de esperanza.

 Se sintieron seguros de que lograrían ajustar las leyes de ingresos mediante los proyectos presentados al Congreso Estatal que contenían incrementos razonables a los derechos municipales.

 Pero los diputados se disfrazaron de Chapulín Colorado, se simularon justicieros y rechazaron los planes municipales de incremento recaudatorio.

 Si lo hicieron para “quedar bien” con el pueblo, éste ni se enteró o simplemente el asunto no le interesó.

 Súbitamente presas de un ataque de amnesia convenenciera, a los diputados y las diputadas “se les olvidó” que algunas y algunos pretenden ser candidatos a alcaldes, y que llegado el caso lo que administrarán será pobrezas.

 Pero si los gobiernos municipales ya eran barcos agujerados que hacían agua, la pandemia del Covid-19 los puso al borde del naufragio.

 Ha sido así que los ediles se la han pasado haciendo malabares para intentar ingresar recursos.

 En Jiutepec, Rafael Reyes Reyes consiguió que el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua otorgue no el 30 o el 50 por ciento de descuento a los deudores morosos, sino hasta el 70 de quitas en recargos y gastos de cobranza a los que paguen de contado.

 Y en Cuernavaca, el alcalde Antonio Villalobos Adán fue autorizado por el cabildo para gestionar y obtener un crédito urgente de 93 millones de pesos para atender situaciones prioritarias.

 Pero en esta situación en la que no está el horno para bollos, es la diputada priista Rosalina Mazari Espín la que se pone… ¿cómo decirlo: enérgica, infranqueable, demagoga? O simplemente amenazante, al anunciar que el Congreso Estatal podría “suspender definitivamente” al Ayuntamiento de Cuernavaca luego del “análisis jurídico de la situación financiera” de la propia Comuna por “su incumplimiento en las responsabilidades financieras que le competen”.

 Ni Cantinflas lo hubiera dicho más enredado.

 Todo para repetir lo que de sobra se sabe es una parte de la política nacional: que el Legislativo no impulsará el rescate financiero de los gobiernos municipales en crisis, que no autorizará líneas de créditos (bancarios), y que –salió el peine de Tabachines– la mismísima presidenta de la Comisión de Hacienda duda que la Comuna capitalina esté en quiebra, como ha declarado el alcalde Antonio Villalobos.

 La “catilinaria” de la Mazari resulta como las llamadas a misa, que oyen muchos pero sólo hacen caso los que quieren.

 Mas no por ello deja faltarles al respeto a los presidentes municipales cuando, como si éstos fueran una bola de retrasados mentales, les aconseja que la solución es… el ingreso, justo en estos días de crisis económica por la pandemia del cólera virulento cuando la gran mayoría de los ciudadanos tributantes no tiene para pagar ya no digamos el impuesto predial, vaya, ni el agua potable.

 ¿Rosalina Mazari, candidata de Morena a la alcaldía de Puente de Ixtla? Tendría que empezar por renunciar al PRI, y que la admitieran los morenos.

 Como si fuera tan fácil… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com