Hay que denunciar a los delincuentes. Eso dice y repite en su “estrategia” de medios el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros. Pero por su propia seguridad las víctimas no denuncian y, paralizadas por amenazas de muerte, no quieren tratos con la autoridad. El almirante Ortiz hizo su “exhorto” luego de que dos unidades de la Ruta 6 amanecieron quemadas en la colonia Ejidos de Acapantzingo. Obvio el móvil del cobro de piso, salió del brete asegurando que no tenía la certeza que ese fuera el motivo pero que (¿por las dudas?) sostendría un encuentro con transportistas. Hacía pocos días que había cerrado el bar “La Patrona”, en la avenida Río Mayo, y trascendido rápidamente el suceso tanto debido a la fama del establecimiento como por la denuncia de éste en redes sociales. Escribieron: “No existen condiciones para garantizar la seguridad del esparcimiento y sana diversión”. Otro caso también reciente, el ataque a balazos en un antro en la colonia José López Portillo de Jiutepec, donde murieron un hombre y una mujer. Heridos tres parroquianos, para los agentes de la Policía de Investigación Criminal que se apersonaron en el escenario del crimen la deducción fue elemental: extorsión o ajuste de cuentas… TODAS o varias, pero al final muchas de las unidades ruteras de la región oriente que el martes desquiciaron el tránsito vehicular de Cuernavaca, bloqueándola durante seis laaargas horas, no cuentan con seguro del viajero, y por lo tanto sus pasajeros se hallan indefensos en casos de accidentes. Eso es un hecho que destaca el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado. Otro, que son finalmente los habitantes de Cuernavaca y de ciudades del interior quienes pagan los platos rotos cuando hay bloqueos de este tipo, como está ocurriendo y probablemente seguirá sucediendo. Y la posibilidad de solución, que tampoco puede ser fácil ni rápida: regular lo irregular, en este caso, los permisos graqueros que la SMyT juzga contrarios a la Ley de Tránsito… LA MUERTE del hombre que la noche del lunes fue atropellado en el Paso Express, a la altura de la colonia Antonio Barona, fue por imprudencia o debemos abonarla a la cuenta del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza. Imprudente si cruzó la carretera brincando la barrera de protección, como hacen personas que viven en las orillas de la cinta asfáltica a las que les quedan lejos los puentes elevados, y culpa del extitular de la SCT porque los puentes son pocos, entre uno y otro distan cientos de metros y, aun a costa de arriesgar la vida, el vecindario prefiere brincar la barrera que caminar. Pero de todos modos Juan te llamas. De quienes estaban en la cárcel se decía antes: “viste traje a rayas”, porque rayado era el uniforme de los presos, negro y blanco, recurrentes las imágenes en el cine de los cincuenta del Palacio de Lecumberri que fue prisión hasta 1976. También las expresiones “está en chirona”, por sinónimo de prisionero, y “huele a cárcel”, que refería a quienes se veían perfilados a caer en cana. ¿Es la situación del ex titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza? Mucho indica que sí, que puede correr la misma suerte que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, encerrada en Santa Martha Acatitla bajo la imputación de corrupta por el caso de la llamada “estafa maestra”. En agosto de 2019, medios nacionales destaparon a Ruiz como el dueño de casas y terrenos en el estado de México, y de un departamento en Polanco de la CDMX que por un tiempo le rentó a Rosario Robles. De acuerdo a lo publicado, de esas propiedades el sospechoso de enriquecimiento ilícito se hizo a partir de su entrada al gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto, aunque luego declaró que los bienes corresponden a su patrimonio de cincuenta años de trabajo. La reputación de Ruiz no ha sido precisamente la de un sujeto honesto. A noviembre de 2018 corresponde esta nota del Sol de Puebla: “El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, presentó ante la Procuraduría General de la República cuatro denuncias penales contra Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, por presuntos sobornos y transferencia ilegal de recursos, relacionados con la constructora española Aleatica, antes OHL. Álvarez Icaza acusa al funcionario federal de desviar 3 mil 600 millones de pesos a la campaña del ahora gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por las concesiones de las autopistas federales Amozoc-Perote y Atizapán-Atlacomulco. Como exclamaría en películas setenteras Pompín Iglesias: “¡qué bonita familia!”… (Me leen después).

 

José Manuel Pérez Durán
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