A la pregunta de si es verdaderamente necesaria la verificación automotriz la respuesta es no, específicamente de los automóviles que cuentan con catalizador, o sea, la gran mayoría. El catalizador es el dispositivo de control de emisiones del escape que reduce los gases tóxicos y reduce la contaminación del aire. Pero otra es la opinión de los “expertos” que están a favor de la verificación, alineados con los gobiernos de los estados del centro del país a quienes la imposición recaudatoria de la verificación vehicular les representa miles de millones de pesos. Este desembolso lo evaden cientos de automovilistas radicados en Morelos que compran cada mes permisos provisionales del vecino estado de Guerrero cuya venta en vano ha intentado prohibir la autoridad. Suspendida la verificación vehicular en julio de 2016 debido a las contingencias ambientales de la Ciudad de México, ello dio pretexto al inicio de la desaparición de verificentros que fueron propiedad de empresarios morelenses. Desde entonces y hasta ahora ha sido un negociazo, atestados de clientes cautivos los centros verificadores de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Cuautla, etc. ¿Cuánto cuesta la verificación en nuestra entidad? 708 pesos, más una sanción de mil 520 si los dueños de automóviles emplacados han verificado a tiempo. En Morelos, la información específica sobre la identidad de los dueños de centros de verificación vehicular no está disponible al público; es manejada como un “top secret”, aunque es sabido que entre los propietarios de estos negocios hay potentados multimillonarios que recientemente fueron funcionarios locales y en la actualidad tienen rango de legisladores federales con aspiraciones de gobernador que alardean: “no hay corrupción”, es decir, los trucos en los automotores que aprueban la revisión, miles de carcachas que deberían ser sacadas de circulación…
DE UN lado están los inspectores de Protección Civil y de Gobernación Municipal, que sólo hacen su trabajo. Del otro, la necesidad imperiosa de los vendedores callejeros por ganarse unos pesos para que coman sus familias. Y atrás del trajín están los intereses económicos y políticos del Nuevo Grupo Sindical, cuantiosos por las cuotas de sus agremiados, y visibles por evidentes. La gente de Cuernavaca recuerda dos episodios que acontecieron en el corazón de la ciudad. Lunes 2 de marzo de 2020. A las 7.30 p.m. aún no cierran los comercios de Guerrero, falta media hora para que empiecen a bajar las cortinas y todavía hay mucha gente. Atrapados en el hacinamiento, los peatones se estorban unos a otros, caminan en ambos sentidos de la arteria del comercio tradicional de la capital morelense, trotan sobre el arroyo del adoquín simulado y dan traspiés bajo los arcos. Las tiendas registran las últimas ventas del día. Hombres y mujeres, chicos y grandes, niñas y niños forman la multitud desordenada. Unos se dirigen a casa caminando, otros corren a “la parada” para tomar la ruta y unos más se disputan los taxis. La tarde-noche transcurre normal, rutinaria, tranquila. De pronto, ¡pack!, ¡pack!, ¡pack! ¿Cuántos? Tres, cinco, siete tronidos se mezclan con los gritos de los comerciantes que ofrecen sus mercancías, los ruidos del tráfico vehicular, las voces que suben el volumen para dejarse oír. Gritan: ¡son balazos! La gente se agolpa en la esquina de Guerrero y Tepetates, observan a un hombre tirado boca abajo, no se mueve, está muerto. Los curiosos especulan, dicen que uno de dos sujetos disparó y que ambos huyeron. A las nueve menos diez, personal
del Servicio Médico Forense realiza el levantamiento del cadáver de un joven que más tarde será identificado como Jonathan “N” y referido como hermano de un líder de vendedores ambulantes. Al día siguiente, el típico funcionario con ansias protagónicas que gusta de declarar de todo y para todo especulará con que los agresores eran colombianos, y aludirá el tema de la extorsión por el cobro de piso. De su lado, la Fiscalía General del Estado repite su rol de contador de muertos y aliado, por incapacidad, de la impunidad… Diez meses atrás, el 8 de mayo de 2019 el centro político e histórico de la capital morelense ya había sido sacudido por el asesinato del empresario Jesús García Rodríguez y el dirigente de comerciantes ambulantes, Roberto Castrejón. Ultimados a tiros en la bajadita del costado sur del Palacio de Gobierno, el autor material fue detenido tras una breve corretiza, en la Plazuela del Zacate. Las víctimas eran cetemistas y, si lo hubo, hasta hoy se desconoce el presunto autor intelectual. Desde entonces y hasta hoy el peligro late en el corazón de Cuernavaca. La cuestión es hasta cuándo… (Me leen el mañana).
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