Con las excepciones que confirman la regla, los magistrados nacionales y estatales, así como los jueces locales y federales conforman una caterva de corruptos. A la convocatoria de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, para que, rechazando la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus mil 600 integrantes voten si realizan un “paro pacífico” el primer minuto del 21 de agosto, la respuesta debe ser una consulta popular con sólo dos preguntas. Una: ¿está usted de acuerdo con que sea efectuada la reforma judicial? Y dos: ¿considera usted corruptos a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y a los jueces de distrito? En ambos casos la respuesta sería un contundente sí, y lo mismo sucedería si la consulta incluyera a los jueces y magistrados estales.
Viene a cuento la pregunta del medio electrónico “EmeEquis”. Fue hecha en septiembre de 2020, pero seguramente hoy la respuesta hubiese sido la misma, contundente, definitiva, un sí en el que, salvo honrosas excepciones, los magistrados y los jueces son considerados corruptos. La interrogante la trajo a cuento EmeEquis con la nota de las liberaciones de “El Mochomo” y de la madre de “El Marro”, como “apenas un par de casos de presunta corrupción judicial”. Subrayo: abundan testimonios de jueces que doblan las leyes a favor de criminales, cuatro casos que en los últimos 30 días sacudieron al Poder Judicial en México, revelando las grietas por las cuales se cuela la violencia y la impunidad. A saber: el asesinato en Colima del juez federal Uriel Villegas y su esposa, quienes no contaban con escolta pese a manejar casos sensibles como el de Rubén Oseguera, “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La liberación de María Eva N., la mamá de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fundador del Cártel Santa Rosa de Lima. La sanción por seis meses de un secretario de juzgados por presuntamente recibir un soborno a cambio de la absolución de José Ángel N., “El Mochomo”, presunto coautor intelectual y material de la desaparición y homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa (fue detenido nuevamente por otro caso). La obtención a destiempo de una orden de aprehensión el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien hoy está evadido de la justicia. Casos, enfatizó el citado medio, que han sacudido a la opinión pública durante los días recientes, al grado que de nuevo el presidente López Obrador ha advertido que la corrupción corroe al sistema judicial. Pero, ¿qué pasa con los casos que no son tan mediáticos? ¿Qué tan comunes son para abogados, activistas y servidores públicos? Hoy las preguntas siguen vigentes.
Otro caso: en septiembre de 2023 el juez federal Daniel Ramírez Peña, señalado en enero de 2022 por el presidente Andrés Manuel López Obrador de haber liberado por causas menores a integrantes del crimen organizado, absolvió al exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez del cargo de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR). La nota de “La Jornada” detalló que en 2019 Avelar Gutiérrez fue señalado por el Departamento dl Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Que fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF) mencionaron que el juez Ramírez Peña reconoció que el exmagistrado incurrió en delito al incrementar su patrimonio en 12 millones de pesos por la venta irregular de un inmueble cuando esa cantidad no correspondía a los ingresos obtenidos por su empleo. Sin embargo, el juzgador determinó que el ilícito no lo cometió Avelar Gutiérrez estando en la función pública, sino en su vida personal, por lo que no encuadraba el delito de enriquecimiento ilícito… (Me leen mañana).
Las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva responsabilidad del autor y no representan, necesariamente, la política editorial de Grupo Diario de Morelos.