El cabildo –o el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, que para el caso es lo mismo– reaccionó rápido y en consecuencia. Cesó a la coordinadora de Protección Civil, Paola Hernández Vega, a Raymundo Nova Castro, director de Infraestructura, y a Dennia Brito González, jefa de departamento de Barrancas y Áreas Naturales Protegidas. Los dejó sin hueso, lo cual es el peor castigo para los presupuestívoros. Un cuarto funcionario se quedó en el cargo, pero temblando, el director de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Pablo Aguilar, hasta que concluya la investigación y se le finque o no responsabilidad en el caso del colapso del puente colgante del Paseo Ribereño.
Cosa que desató el oportunismo de cartuchos quemados, de priistas y panistas que han estado en la banca los últimos años. Excitados por la posibilidad de ser enchufados en la nómina del Ayuntamiento, usan el facebook para decirse solidarios con Urióstegui y asumirse consternados por la tragedia del puente roto, cuando la verdad es que las y los lesionados los tienen sin cuidado y lo que ansían es relevar a los funcionarios cesados. A otros el incidente malhadado les dio pretexto para presentar propuestas, unas interesantes, planteadas por conocedores del tema, y las más burdas, esgrimidas por protagónicos ramplones. Pero nadie sugirió crear un organismo integrado por verdaderos expertos, seleccionados de entre agrupaciones académicas, con presupuesto, sí, pero sin sueldos de gobierno que satisfagan el chambismo en lugar de la seguridad…
LO que se temía sucedió la tarde-noche del lunes 8 de septiembre de 2003: estallaron ocho puestos de pólvora en Xoxocotla y las llamas alcanzaron dos viviendas y un vehículo. Por fortuna no hubo muertos, pero si la quemazón sucedió fue porque el Gobierno del Estado desestimó la seguridad de los xoxocotlenses y no pidió a la Zona Militar que clausurara los puestos de cohetes que durante años habían estado instalados en un costado de la carretera. La consecuencia fue que la gente de Xoxocotla se dividió, liderada la mayoría por el delegado Jesús González Machuca, quien exigió la clausura definitiva de los negocios carreteros de cohetes, cohetones y “palomas” mientras los dueños de los mismos exigieron la preservación de su fuente de ingresos. El Ejecutivo de Morelos no cumplió su obligación constitucional de cuidar la seguridad de la gente, salió con el cuento de que Xoxocotla no debía temer una incursión de la Policía Federal Preventiva, cuando eso fue precisamente lo que cientos de hombres y mujeres de la comunidad habían solicitado, dispuestos a colaborar con los policías señalándoles las casas con cisternas habilitadas como bodegas de pólvora. La explosión de aquel día en Xoxocotla coincidió con el estallido de un taller de juegos pirotécnicos en el pueblo de Tultepec, estado de México, donde no fue la primera vez que sucedió un percance similar, pese a que por tradición los artesanos de esa comunidad mexiquense eran (son) expertos en la elaboración de artefactos a base de pólvora. No era así en Xoxocotla, que además de operar en un marco de clandestinidad evidenció un tráfico de explosivos. La pólvora no se producía en “Xoxo”, surtidos los coheteros de mercancía en la Ciudad de México o traída a domicilio sin que ninguna autoridad hubiese “visto” los camiones cargados con explosivos transitando por carreteras morelenses...
Volvió a suceder el 24 de noviembre de 2018, según el reporte preliminar, muerta una mujer y desaparecidas dos personas tras una explosión de pirotecnia en la misma comunidad.
Y ocurrió de nueva cuenta el jueves pasado, ahora en Tlalnepantla, resultando lesionados cinco lugareños en la fiesta de Pentecostés. Esto dio pretexo al vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Najera, para anunciar que analizará la posibilidad de “prohibir” el uso de pirotecnia en espacios a cargo de la propia iglesia. Pero aparte su supuesta o real preocupación por el manejo de la pólvora, al vicario se le olvida que la iglesia no es una autoridad para prohibir o aprobar cuestiones terrenales que le conciernen al gobierno civil. Por lo demás, los fieles de Tlalnepantla no tienen por qué preocuparse. Que cooperen para una “limosnita” y problema resuelto… (Me leen mañana).
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