El desparpajo del titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Constantino Maldonado Krinis, es increíble, raya en la burla.
Negó en enero –y hasta debe sostenerlo– que el cierre de verificentros afecta a los usuarios.
Se refirió a los que estaban y siguen cerrados en sitios que ya eran conocidos por los usuarios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Zacatepec, Yautepec, Yecapixtla y Jojutla; a los “viejos” verificentros que fueron instalados en el gobierno de Graco Ramírez, no a “los nuevos” recientemente abiertos en la capital, Emiliano Zapata, Jiutepec y Cuautla.
La SDS se deshizo en explicaciones.
Aseguró que no habría servicio debido a que comenzaría una actualización del software para operar el Programa de Verificación Vehicular del Estado de Morelos; que por acuerdos en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a la que pertenece el estado de Morelos, el sistema se encuentra homologado con la Ciudad de México.
La SDS argumentó tecnicismos que, ciertos o falsos, resultan ininteligibles para los usuarios.
So pretexto o argumento, “justificó”: los verificentros se hallan cerrados “a fin de evaluar en tiempo real los procesos de pruebas para la emisión de los hologramas de los automotores”.
Sin embargo, “haiga sido como haga sido” el hecho es que “los viejos” permanecen cerrados, “los nuevos” son insuficientes y las afectaciones a los usuarios continúan.
A cientos de automovilistas se les venció la verificación, y luego de semanas de echar pestes no han podido ir a la CDMX; a muchas, a miles de personas que permanecen secuestrados en Cuernavaca y en el resto del estado por la incapacidad de la SDS.
No obstante que los técnicos “patito” –no tecnócratas– de Subdesarrollo Sustentable niegan afectaciones, y que la ciudadanía se encuentra en estado de indefensión, nadie se ha atrevido a reprochar el desprecio de los burlones de la susodicha dependencia.
Se entiende que, por compromisos laborales o económicos de parientes de diputados (¿cómo llamarles?, ¿institucionales?, ¿domesticados?) tipo Marcos Zapotitla Becerro, Rosalina Mazari Espín, etc., etc., inclinen la cerviz ante la arbitrariedad del poder y el dinero; pero no así que los y las diputadas que se presumen ajenas al “control institucional”, como Tania Valentina, no hayan dicho ni pío.
Que no se pronuncien ante el abuso, no concuerden con la gente que tiene dos dedos de frente y sospecha que a lo mejor los nuevos verificentros representan un negocio de funcionarios nuevos que se los quitaron a los viejos.
A final de cuentas, el servicio de los verificentros ha sido un fiasco, malo y caro.
La historia: monopolizado el contrato de concesión y ya sin la intervención de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), como sucedió por años, en los inicios de la anterior administración con los centros de verificación se hicieron una sola, dos o tres empresas, no cuarenta y tantas como había ocurrido por décadas.
“Lo cual desde la asignación del contrato suscitó sospechas de corrupción que prevalecen”, señalaba el columnista en diciembre de 2017.
Hoy, la situación no ha cambiado; abundan las quejas de automovilistas, porque además de oneroso el trámite es arbitrariamente lento, y más que malo el servicio de los centros de verificación automotriz ha sido históricamente pésimo.
¿Quién o quiénes son los dueños de los verificentros nuevos? ¿Los mismos u otros? Particulares o funcionarios de alto nivel? Todo un misterio, habría que peguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna de sus “mañaneras”.
Propietario de uno de los que desaparecieron en 2015, entonces el litigante cuautlense Jesús Becerril Acosta advirtió: “1.
–El hecho de cerrar 41 verificentros, decretar la apertura de sólo 12 y que funcionen 8, fue a todas luces crear un monopolio, lo cual está prohibido por la Constitución Política Mexicana.
2.–Todos los verificentros que estaban funcionando se encontraban a nombre de empresas o personas morales (S.A.), porque es una forma de ocultar su perversidad y la titularidad de los mismos.
(El columnista se preguntó: ¿Eran de Jorge Kahwagi Macari y de Rodrigo Gayosso Cepeda?).
3.–Las supuestas razones por las que cerraron los 41 verificentros fueron falta de tecnología, ¿y corrupción? Sólo habría que ver de qué lado estaba la autoridad.
¿Cuándo han visto a flotillas de vehículos de empresas o cadenas comerciales formados en alguno de los verificentros, de autos oficiales del gobierno o taxis, combis o micros?”.
La respuesta se repite: “¡nunca!” Y también las preguntas: “¿no las realizan o quién está “paqueteando”? ¿Eso no es corrupción?”...
Hoy que la historia parece repetirse, la pregunta vuelve a reeditarse: ¿de quién o de quiénes son propiedad los nuevos verificentros? ¿De particulares o funcionarios del primer nivel?..
(Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com