El fiscal Uriel Carmona Gándara le gana otro round al Gobierno del Estado, al que lleva tiempo apabullando. Amparado por el Juzgado Cuarto de Distrito, obtuvo la suspensión provisional ante la solicitud de juicio de procedencia que promovió en su contra la Fiscalía General de la República en el Congreso de la Unión. Dicho llanamente, Carmona sigue siendo el titular de la Fiscalía General del Estado, a despecho del grupo de funcionarios foráneos del Gobierno Estatal y del consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, hermano, por cierto, del precandidato a la alcaldía de Cuernavaca, Cipriano de los mismos apellidos quien, si resulta candidato de un PRI que se halla en estado de agonía, perderá seguramente la elección del 6 de junio pero habrá cumplido su presunto papel de “palero”. Todo lo cual no sucedería si el en otro tiempo denominado procurador general de justicia y después llamado fiscal de la misma área hubiese sido nombrado directamente por el Gobernador, sin la intervención del Legislativo como ocurrió hasta 1998. El antes y el después de una época aciaga fue marcado por una noticia que hasta la fecha muchos morelenses no olvidan. El mediodía del 28 deenero de 1998, el coordinador operativo de la Policía Judicial, Armando Martínez Salgado, fue asegurado por oficiales de la Policía Federal de Caminos en la autopista CuernavacaIguala, cerca del poblado El Platanillo. Acompañado de tres agentes a sus órdenes, oculto en el reducido espacio de entre la parte trasera del asiento y la lámina de la caseta de la camioneta pick-up llevaban el cadáver del al parecer secuestrador Jorge Nava Avilés apodado “La Mole”. El cuerpo mostraba huellas de tortura, y los judiciales habían parado ahí para darle el clásico “carreterazo”. La Procuraduría General de la República los acusó de estar coludidos con bandas de secuestradores, así que fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Hecho un escándalo nacional, renunciaron el procurador de justicia, Carlos Peredo Merlo, y el director de la PJ, Jesús Miyazawa Álvarez, y tres meses el presidente Ernesto Zedillo empujó fuera de la gubernatura al priista Jorge Carrillo Olea. Aplicado ese año el método de la terna so pretexto o motivo de la descomposición de la Procuraduría General de Justicia y asumido en circunstancias de complejidad política y social el cargo de gobernador sustituto por Jorge Morales Barud, fue como José Castillo Pombo se convirtió en el primer procurador de justicia elegido por el Congreso Estatal. Sin embargo, los aspirantes al cargo de procurador general de justicia se olvidaron de que en esos tiempos el Gobernador seguía siendo elque mandaba, así que durante semanas “cabildearon” con los diputados y estos “les dieron el avión” jurándoles que el juego era en piso parejo. Atrás habían quedado los procuradores directamente nombrados por el titular del Ejecutivo como Francisco Javier Arenas, Teodoro Lavín González, Juan Salazar Fitz, David Jiménez González, Armando Sánchez Rosales, Alejandro Galván Sánchez, Felipe Güemes, Gustavo Malo Camacho, Jorge Arturo García Rubí y Tomás Flores Allende. Y a partir de entonces llegarían los procuradores por el camino de las ternas: Arturo Estrada Carrillo, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Ávila, Hugo Bello Ocampo, Pedro Luis Benítez Vélez y la única mujer, Claudia Aponte Maysé. Pero aquellos fueron tiempos de circunstancias distintas e historias diferentes que probablemente ignoran los actuales diputados. Y otra la época en la designación de Carmona como fiscal general de Morelos en febrero de 2018, con un plazo de duración en el cargo de nueve años que no se cumplirán sino hasta 2025 y sólo susceptible de ser destituido por juicio político o “causas graves”… (Me leen después).
Por JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN / jmperezduran@hotmail.com