Los cuautlenses se imaginan a su alcalde Rodrigo Arredondo López, diciéndole a los trabajadores del Ayuntamiento que encabeza: “no es nada personal, lo que pasa simplemente es que el presupuesto no alcanza”. El tema confronta una realidad: la parte presupuestal, que obliga al despido de trabajadores en la Comuna, y el legítimo deseo de los trabajadores por conservar el empleo hasta alcanzar la pensión vitalicia (¿incluidos los “aviadores”). En una batalla que apenas inicia, la semana pasada el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de la otrora llamada Ciudad de los Balnearios exigió la intervención del Congreso Estatal. Lamentó 190 despidos y el dirigente sindical José León Flores Espinoza habló de “derroches” del edil, pero no detalló cuáles ni cómo. Fue un acto de politiquería.
Numerosos ayuntamientos están en crisis económica, con presupuestos flacos, nóminas gordas y laudos laborales. Los presidentes municipales escurren el bulto, alargan los tiempos, intentan evadir la realidad pero más temprano que tarde se hallarán en la misma situación que Arredondo y para entonces las soluciones les saldrán más caras los causantes de impuestos.
No es de ahora el exceso de personal en los Ayuntamientos, empezó en Cuernavaca hace 22 años cuando concluyó el trienio de administración panista 1997-2000. En una suerte de usos y costumbres políticas, los trabajadores de confianza –los funcionarios– renunciaban al final del trienio y se iban a casa junto con el jefe que tres años antes les había dado el empleo, sin liquidaciones, sólo con las copias de sus renuncias escritas. Pero esta regla se quebró y, en acuerdos con los alcaldes entrantes, demandaron “despidos” injustificados, fueron indemnizados económicamente, la costumbre se volvió ley, las liquidaciones se repitieron cada tres y seis años, al concluir las administraciones municipales y los dos de gobiernos estatales del partido blanquiazul. Pero además crearon nuevos sindicatos, y con ello plazas permanentes de empleos para amigos y parientes, generando excesos de personal, mil de más como fue y es el caso del Ayuntamiento de Cuernavaca. Resultado: décadas de laudos a granel en todo el estado por cientos de millones de pesos.
“El desmadre arrancó con el PAN”, recuerda un trabajador pensionado. Completa el columnista: y continuó con el regreso del PRI y la aparición del PES que luego gobernó Cuernavaca. En la actualidad, de los aproximadamente 4 mil 400 trabajadores el 52 por ciento son pensionados y jubilados, y activos el resto agrupados en cinco sindicatos contra uno de hace tres décadas.
El caso de Cuernavaca ilustra el problema en nueve de cada diez municipios. El “corte de caja” corresponde a noviembre de 2021, pero sustancialmente no ha cambiado. Lo pongo en tiempo presente. Uno: El Ayuntamiento adeuda 250 millones de pesos a tres bancos, y a uno deberá terminar de pagarle en 2023. Dos: La deuda del Ayuntamiento capitalino por laudos laborales asciende a 300 millones de pesos, resume el alcalde José Luis Urióstegui Salgado el 14 de octubre. Señala que la “bronca” data de diez años, pero no dice si él pagará la “droga” que por este concepto no sólo seguirá creciendo por intereses y costos de abogados, sino que a partir del enero sumará otro dineral por nuevas demandas de trabajadores... (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán