Del sospechoso de haber robado y podría huir suele decirse: “échenle un galgo”.
El dicho popular aplica a Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno de Enrique Peña Nieto.
O a ambos, unidos como uña y mugre, aliados políticos desde que el luego presidente encabezó el gobierno mexiquense.
Impunes uno y otro ante la dura probabilidad de la súper transa con el Paso Exprés, una nota reciente del periódico “Reforma” resume un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo al cual la SCT pagó con recursos públicos 101.
5 millones de pesos por la reparación del tramo que afectó el socavón del 12 de julio de 2017 que mató a un padre y a su hijo cuando cayeron con su vehículo a cinco metros de profundidad.
Advierte la ASF: la reparación debió haber sido pagada por las empresas que construyeron el Paso Exprés –el consorcio Aldesa-Epccor–, no por el gobierno.
Pero no obstante las imputaciones de tantas irregularidades, Ruiz goza de absoluta libertad.
Antes de la primera semana de enero pasado que vino a Ciudad Ayala el presidente Andrés Manuel López Obrador alguien debió recordarle que tenía –y tiene aún– un pendiente en Morelos: el Paso Exprés, presuntamente “inflado” su costo, sospechosos de enriquecimiento ilícito con esta y otras transas el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Díaz Esparza, y el ex presidente Peña Nieto.
Algunos datos como los siguientes ya se habían hecho públicos en noviembre de 2018: Pagos por obras no realizadas y gastos inflados, señaló la revisión de la Cuenta Pública de la ASF.
También, gastos asimismo “inflados” por 186 millones de pesos y material que supuestamente compraron en la SCT, pero no apareció ni colocado en la obra ni en las bodegas.
Estimó entonces la ASF que el gobierno federal debía recuperar 108.
6 millones de pesos que fueron pagados de manera indebida por la SCT.
Resaltó más de 491 millones que debieron ser aclarados, y la obligación de recuperar 108.
6 millones de pesos más que fueron pagados de manera indebida a través del Centro SCT-Morelos.
Afirmó que eran “recuperables” 270 millones por irregularidades detectadas en la obra, y que 31.
8 millones estaban pendientes de aclarar por parte de la SCT en la revisión de los contratos realizados durante 2015.
Además, la revisión que detectó en marzo de 2014 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), asignado al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de la ampliación de la obra carretera por un total de 26 millones de pesos.
En agosto de 2018, fue firmado un convenio “modificatorio” para aumentar a 33 millones más IVA el costo de los servicios y alargar el plazo para entregarlos.
La auditoría señalo que la carpeta de concreto hidráulico y, ojo, las bases estabilizadas, eran de mala calidad pues hubo “incumplimiento de espesores”.
Esto y más resumió del Paso Exprés la ASF, pero fue hasta dos años después que trascendió una investigación de la Fiscalía General de la República contra el Gerardo Díaz, por malversación de fondos, asignación irregular de candidatos y otros delitos derivados de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, así como de las obras en el frustrado aeropuerto de Texcoco.
Hoy, a propósito de pillos que todavía andan a salto de mata o que ya están en prisión, Carlos Romero Deschamps podría decir: “no hagan olas”, y Emilio Lozoya Austin reclamar: “o todos coludos, o todos rabones”… (Me leen después).