El presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Fabián García Ramírez, advierte que la reforma a la Ley de Amparo, que se discute en el Congreso de la Unión, atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos de los ciudadanos, y esto incluye los políticos que, igualmente, quedarán desprotegidos.
“Se quedarán sin ese ámbito de protección, no sólo el ciudadano común, sino también todos aquellos políticos que requieran la protección de la suspensión que otorga el amparo; se están descobijando solos”, consideró el representante del gremio de la abogacía en la entidad.
Dijo que independiente del fondo que pueda tener la reforma, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuya aprobación ya avanzó en el Senado, la eliminación de la suspensión de los actos de autoridades en contra de cualquier ciudadano, que pudieran estar por encima de la Constitución, dejaría a todos a merced de ser sancionados, o afectados, aún antes de que se resuelva de fondo ese amparo.
HAY EJEMPLOS
Puso como ejemplo el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, quien promovió un amparo contra su destitución del cargo, porque la reforma que el Congreso aprobó a la Ley Orgánica del Poder Judicial le concedió la extensión de su periodo como magistrado por dos años más, sin necesidad de reelección, y obtuvo la suspensión de la acción en su contra.
En el supuesto que plantea la reforma que se discutirá los próximos días en la Cámara de Diputados, Gamboa Olea habría sido sancionado con la destitución y sólo hasta la resolución definitiva de su demanda de amparo -lo que aún no ocurre-, se conocería si tiene derecho o no, a la extensión del periodo en la presidencia.
Es por esto que Fabián García consideró que la reforma es contraria al principio de progresividad de los derechos humanos de los mexicanos porque, siguiendo el ejemplo anterior, en lugar de fortalecerlos, atentaría contra lo ya existente.
En su análisis, dijo que la “pertinencia” que el Gobierno federal ve en la iniciativa se encamina a evitar que por la vía del amparo, ciudadanos o grupos políticos consigan la suspensión de grandes obras en el país, como el Tren Maya.