La Ley Silla, una reforma que obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a sus trabajadores, podría ser armonizada en el estado de Morelos en próximas semanas. La diputada presidenta del Congreso local, Jazmín Solano López, aseguró que existen las condiciones para que sea aprobada antes del 15 de julio.
Este 17 de junio entró en vigor la Ley Silla en todo el país, luego de que el año pasado fue aprobada por unanimidad en el Senado de Republica y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del 2024.
En Morelos, aún no hay fecha para que esta reforma se armonice a nivel local. Sin embargo, la presidenta del Congreso del Estado, Jazmín Solano López, aseguró que existen condiciones para homologar dicha reforma con la federación antes de que termine el actual período de sesiones, el 15 de julio. “Muy pronto se estará dictaminándose para primera lectura. Hay condiciones para homologar la reforma con la federación”, expresó la legisladora de Morena.
En ese mismo sentido, explicó que la Ley Silla “es un tema de salud meramente para los trabajadores, ya que medicamente se ha comprado que estar mucho tiempo de pie trae complicaciones de salud. Entonces, esa iniciativa busca darles mejores condiciones a los trabajadores que tienen mucho tiempo de pie para que estén en mejores condiciones”.
Los cambios a la ley prohíben a las empresas obligar a las personas a permanecer de pie la totalidad de la jornada laboral. También establece que, en el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas designadas en las instalaciones del lugar de trabajo.
La Ley Silla es obligatoria para todas las empresas. Sin embargo, está dirigida principalmente a los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos. Algunos ejemplos son: tiendas de autoservicio y supermercados; tiendas departamentales y de conveniencia; farmacias; cadenas de comida rápida y centros comerciales; call centers y atención a clientes presenciales.
Además, a partir de la entrada en vigor las empresas tienen un plazo de 180 días naturales para modificar su normativa interna y cumplir con la nueva obligación.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com