CIUDAD DE MÉXICO.- Con 82 votos a favor y 34 en contra senadores aprobaron aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que justifiquen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se espera que lo recaudado por evasión sea destinado a las entidades con mayores rezagos sociales.

El dictamen que reforma y modifica diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, establece que se considerarán delitos las llamadas empresas fantasma y emisión de facturas falsas.

También prevé las mismas sanciones al que permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargos públicos.

La senadora Marybel Villegas Canché, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló que de 2014 a junio de 2019 se identificaron cerca de nueve mil empresas que facturan operaciones simuladas que emiten ocho millones de facturas, lo que implica una evasión de 354 mil millones de pesos.

Luego de su aprobación, el documento fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. 

*Con información de Comunicación Social del Senado de la República