El Congreso del Estado de Morelos recibió este lunes el documento relativo al juicio político promovido en contra del exgobernador Graco Ramírez, mismo que será revisado bajo criterios legales y sin influencias partidistas, aseguró el diputado local Daniel Martínez Terrazas, presidente de la Junta Política.
El legislador detalló que el expediente fue turnado a la Mesa Directiva del Congreso y que, en las próximas horas, se notificará a la Junta Política y de Gobierno para dar inicio al análisis correspondiente. Explicó que el procedimiento deberá centrarse en las causas que originaron la solicitud, y no en posturas personales o percepciones sobre el exmandatario.
“Podemos pensar ciertas cosas del exgobernador, pero eso no tiene que ser el marco para actuar de manera legal y jurídica. Veamos cuáles son los procedimientos por los que se le quiere enjuiciar”, señaló Martínez Terrazas, al subrayar que el Congreso está obligado a responder conforme a derecho.
El proceso se da en un contexto de resoluciones judiciales que obligan al Poder Legislativo local a pronunciarse nuevamente sobre el tema. Un tribunal colegiado confirmó la sentencia de un juzgado federal que ordena a los diputados emitir un nuevo acuerdo, debidamente fundado y motivado, respecto a la procedibilidad del juicio político contra Graco Ramírez. Esta solicitud fue presentada en noviembre de 2019 por el entonces gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, bajo señalamientos de presuntas irregularidades durante la administración 2012-2018.
El tema genera expectativa en el ámbito político y social de Morelos, debido a que se trata de un proceso que había permanecido detenido por varios años y que ahora, por orden judicial, debe resolverse. En caso de avanzar, el juicio político abriría un nuevo capítulo en torno a la rendición de cuentas del exgobernador, quien ha sido señalado en distintos momentos por presuntos actos de corrupción y mal manejo de recursos públicos.
En contraste, si los diputados consideran que no existen elementos suficientes, deberán emitir un acuerdo que explique de manera clara y fundamentada los motivos para no dar curso al proceso, con lo cual el Congreso estaría dando cumplimiento a la resolución judicial que lo obliga a transparentar su postura.
Será a partir del segundo año legislativo (primero de septiembre), cuando la Junta Política y de Gobierno inicie la revisión del expediente y, posteriormente, se determine el procedimiento a seguir. Mientras tanto, el legislativo estatal mantiene bajo la lupa un caso que ha marcado la agenda política de Morelos en los últimos años.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com