La Coordinación General de Movilidad y Transporte analiza la posibilidad de intervenir en la regulación del transporte de “última milla”, como los mototaxis, una modalidad de movilidad que actualmente opera sin reconocimiento legal en la Ley de Transporte estatal, informó el titular de la dependencia, Jorge Barrera Toledo, quien señaló que se trata de un tema prioritario para la administración.
Durante una entrevista, Barrera Toledo explicó que, aunque en municipios como Xoxocotla y en la zona oriente del estado circulan mototaxis y otros vehículos similares, la legislación vigente no contempla esta forma de transporte, lo que impide que el gobierno estatal tenga una participación formal en su regulación.
“La Ley de Transporte del Estado no reconoce esta figura, por lo cual la coordinación no es partícipe de estos mecanismos. Los municipios son quienes han estado atendiendo esta situación”, indicó el funcionario.
No obstante, señaló que existe un interés real por parte de la Coordinación para avanzar en el ordenamiento del sector y que ya se encuentran en diálogo con algunos ayuntamientos para trabajar en conjunto. “Estamos en diálogo con algunos municipios, y esto se dará a conocer públicamente en su momento. El objetivo es atender esta armonización legal y avanzar hacia una mejor coordinación”, explicó.
Aunque evitó adelantar si se regularizará o no esta modalidad, Barrera Toledo aseguró que el tema “se está atendiendo con seriedad” y que cualquier decisión se basará en estudios y diagnósticos previos.
“Lo que estamos obligados a hacer es atender de manera inmediata el tema, revisarlo, estudiarlo y tomar decisiones con base en este trabajo técnico”, puntualizó.
Sobre la legalidad de la operación de estos servicios, el coordinador afirmó que no se trata de una falta como tal, ya que no existe una figura jurídica que los regule o prohíba. Sin embargo, advirtió que esto genera riesgos que deben ser contenidos.
“No hay un reconocimiento legal, pero sí una afectación y un riesgo, y ese es el que debemos atender. El interés máximo de cualquier autoridad debe ser salvaguardar la seguridad e integridad de las personas usuarias y garantizar su derecho a la movilidad”, concluyó.