vivencias ciudadanas
A ciento un años de la muerte de Emiliano Zapata, el héroe que luchó por devolver la tierra al que la trabaja con sus manos, el que nunca traicionó a sus paisanos, Morelos lo recuerda en medio de la peor crisis política y económica de la historia, o al menos de este siglo.
La celebración debió ser austera y, desde luego, no habría grandes concentraciones porque la salud no lo permite y en este sexenio ha pasado desapercibida la figura del héroe más importante para los morelenses.
La pobreza crece y sólo los ricos tienen asegurado lo que comerán en los próximos meses, en los que estaremos todos metidos en nuestras casas.
Ecológicamente es bueno, pues la tierra descansará de los daños que le hacemos los grandes depredadores que somos los humanos; pero, para los que viven al día, será difícil que tengan qué comer en los próximos meses, en que al recrudecerse el contagio gracias a la mala planeación gubernamental, y a la crisis económica que muchos no la ven, pero será la más grave que haya vivido el país a través de su historia.
Veremos pasar los cuerpos de muchísimos morelenses que por necesidad anduvieron en la calle trabajando, y de todos aquellos que sin conciencia siguen saliendo a bares abiertos por la irresponsabilidad de las autoridades municipales y que están condenados a adquirir el virus, ya que sin la conciencia de lo que sucede en el mundo, el contagio será mayor y mayor también el número de fallecimientos.
Estamos en medio de un gobierno que viola la ley con gran cachaza, como lo acaba de hacer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al determinar cambiar la fecha de las elecciones en Durango e Hidalgo violando la Constitución, ya que los indicados para hacer ese cambio deberían haber sido los congresos locales que, como buenos lacayos, no han dicho nada a pesar de que el INE les está arrebatando una función que tienen por derecho claro y expedito en la Constitución General de la República, y que de manera flagrante el Consejo General del INE ha violado.
Es una crisis en la que todos estamos inmersos y, sobre todos, los hombres del campo que luchan con la naturaleza para tener siempre una mejor cosecha y que no se pueden quedar en su casa a esperar que pase la situación y que ningún apoyo tienen. Tenemos que vivir una época de una economía detenida en una recesión de la que nadie habla porque son lambiscones, pero que es una realidad a todas vistas.
Los irresponsables chilangos han llenado nuestra ciudad como si nada pasara y, desde luego, eso traerá que tengamos mayores contagios; y mientras los bares estén abiertos, será exponencial. Lo veremos si aquí estamos aún, así que hay que cuidarse y no salir.
Por lo pronto, en lo que se refiere a las violaciones de la ley que el INE ha perpetrado, y que ampliaremos, diremos que la argumentación del acuerdo del INE apunta en lo sustancial a citar el mencionado artículo constitucional, la Legipe, el reglamento de elecciones y la resolución (SUP-RAP-103/2016) del Tribunal Electoral, donde se avaló la decisión del Consejo General de modificar calendarios electorales de las elecciones locales; decisión no sólo centralista, sino con claros visos de inconstitucionalidad por decirlo con tersura. Además, no motivó ni fundamentó adecuadamente la suspensión de comicios. Posponer la fecha de las elecciones locales es un tema de constitucionalidad y, en esa lógica, se tendría que haber desarrollado los razonamientos jurídicos.
El origen último de estos ultrajes al pacto federal está en la reforma electoral de 2014, en la que prevaleció un ánimo de intercambio de favores políticos. Hoy ningún partido o dirigente asume responsabilidad alguna en esa reforma. El INE tiene, indiscutiblemente, la facultad de atraer asuntos de competencia de los institutos electorales de los estados, pero carece de la facultad expresa, como mandata la Constitución, de suspender o posponer la realización de elecciones locales. Sus excesos controladores lo han hecho tropezar nuevamente con la misma piedra, bajo el manto protector de la resolución del Tribunal Electoral, que se excedió de nuevo al posponer las elecciones de Hidalgo y Coahuila. Está ausente la sensibilidad política para percibir el daño al sistema federal.
No sorprende, pero sí impresiona, que la decisión tuviera el respaldo unánime de los partidos políticos. Aún más lamentable es el silencio de gobernadores, institutos electorales y congresos locales. No es nuevo, es uno de esos elementos rancios de la cultura política del poder en México el violar la Constitución por consenso. Lamentable mensaje para el federalismo y el estado de derecho. Para colmo, tenemos de un lado voces desde el INE reiterando, demagógicamente, que su decisión de posponer las elecciones fortalece la democracia; por el otro tenemos el mensaje ominoso de la unanimidad. Tales conductas no sustituyen la vigencia, la eficacia y la exigibilidad de la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad.
Como vemos, en el país la violación de la ley hasta se promociona. Pobre México. ¿No cree usted?
Teodoro Lavín León
lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin