La legalidad es uno de los principios rectores de las instituciones electorales y, como usted se puede imaginar, si algo no es común en las actuales administraciones es ésta. Entendamos qué es legalidad: es una condición o acto realizado dentro del marco normativo de un Estado.

El principio de legalidad es todo acto emanado de los poderes públicos que deben estar regidos por el ordenamiento jurídico del Estado y no por la voluntad de los individuos. El principio de legalidad emerge del Derecho Administrativo, ya que limita al Estado en virtud de que sus actuaciones deben estar sometidas en el marco legal; es decir, la ley debe prevalecer sobre el interés individual, arbitrariedad del Poder Ejecutivo y Poder Judicial, abuso de poder e inseguridad jurídica.

El principio de legalidad se determina jurídicamente por la ocurrencia de cuatro condiciones: delimita el espacio donde puede intervenir la ley, asegura el orden prelativo de las normas subordinadas a la ley, selecciona la norma precisa que debe de aplicarse al caso concreto y mide los poderes que la norma confiere a la administración.

El principio de legalidad es una condición esencial del Estado de Derecho, ya que ambos buscan limitar el actuar del Estado con el fin de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.

Como podemos ver, las actuaciones de una institución como lo es el Impepac debería de someterse al marco legal y la semana pasada el Consejo Estatal violó los decretos de jubilación de los ex trabajadores de la institución, al acordar en una votación dividida que no se les entregue el porcentaje que señalan los decretos de jubilación, porque la necedad de un consejero, que es el que maneja la institución y se ha empeñado en violentar la ley.

Ese tipo de comportamiento no permite que los ciudadanos tengan confianza en la institución. El ejemplo de cumplir con la ley es la mejor manera de convencer, esas son las acciones que incentivan a la población a creer en un Estado de Derecho y rechazar las injusticias. La legalidad como valor permite apreciar el respeto e interés del ordenamiento jurídico por parte del pueblo y de quienes aplican la ley. Es por ello que las denuncias ante las diferentes instituciones legales que llevarán a cabo los ex funcionarios tendrán, desde luego, la legalidad basada en el derecho que les corresponde.

Esa es una de las razones por las que las instituciones electorales han perdido credibilidad, y por lo que el Congreso de la Unión de este país está trabajando en hacer desaparecer dichas instituciones después de la denuncia del ex fiscal especial para delitos electorales sobre el comportamiento de las autoridades del Impepac y la credibilidad de la institución se perdió, a pesar de que fue, quizás, una de las pocas instituciones con credibilidad.

La falta de profesionalismo de algunos de los dirigentes, que ven los asuntos legales como personales, no permiten que se cumpla con el principio de legalidad. Realmente es una lástima que después del trabajo que costó formar las instituciones electorales en este país, éstas se hayan pervertido igual que los gobiernos en medio de la corrupción y la impunidad.

Las cosas andan mal en la institución y al tiempo, con las repercusiones que tendrán, les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Ojalá se los descontaran de su sueldo; y si no, al tiempo.

Es por lo que es muy importante que se reformen las instituciones electorales que se han convertido en refugio de desempleados sin el más mínimo sentido de la ética política.

Desde el INRE, que ha degenerado en un monstruo blanco que no tiene llenadero, donde los Consejeros Electorales sienten que son la trompa del tren, donde ganan lo que quieren y ni siquiera entienden lo que es hacer una elección, la institución necesita deshacerse de tanto incompetente que le quita el lugar a los miembros del servicio profesional electoral que en verdad saben, los que luchan en cada uno de los procesos en las diferentes acciones como formar consejos distritales, poner casillas, revisar y capacitar funcionarios de casilla, así como convencerlos de que participen; porque a pesar de que ahora les pagan para amarrar la participación de los ciudadanos, éstos muchas de las veces no se prestan a las chicanas de las autoridades.

Los que formamos el IFE cuando nació y se fue desarrollando, llegando a ser una institución confiable para la ciudadanía, se perdió porque los partidos políticos se dividieron los cargos como si fuera un pastel y, por lo tanto, acabaron con los principios democráticos de la institución. Ahora los consejeros se sienten agredidos por cualquier cosa, pero la confianza que existió en el año dos mil está perdida. ¿No cree usted?

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Vivencias ciudadanas
Teodoro Lavín León
lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin

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