Lo que ocurre hoy en el Instituto Nacional Electoral es, de verdad, una lástima. Lo digo como alguien que estuvo ahí desde el principio: en octubre de 1990, cuando nació el Instituto Federal Electoral, inicié mi trabajo en una institución que se volvió decisiva para la democracia del país. Soy fundador y conozco cuánto trabajo, reformas y generaciones de servidores públicos fueron necesarias para que los resultados de las urnas comenzaran a ser aceptados por todos.
Por eso duele ver al árbitro electoral envuelto en una crisis de esta magnitud. Los señalamientos sobre contratos, proveedores y posibles conflictos de interés no son asuntos menores. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación por posibles irregularidades en contrataciones, colusión y triangulación de recursos; el Órgano Interno de Control reportó expedientes que involucran a funcionarios y empresas. Son investigaciones, no sentencias: corresponde a las autoridades probar responsabilidades y a los señalados ejercer su defensa. Pero investigar con rigor y transparencia no admite demora.
La renuncia de Guadalupe Taddei y la designación provisional de Blanca Yassahara Cruz no cierran el expediente ni borran el daño. El relevo debe garantizar la continuidad electoral y facilitar las auditorías. El Consejo General ha ofrecido colaboración con las instancias investigadoras y continuidad en la organización de los comicios de 2027. Ahora hay que demostrarlo con decisiones claras y resultados públicos.
La crisis tiene también una historia política. Durante el sexenio pasado se impulsó desde el poder una ofensiva para debilitar a las autoridades electorales. El expresidente hablaba como dueño de la verdad, incluso cuando abordaba la historia con ligereza y repetía errores. La reforma electoral que proponía y el trato que dio a las instituciones dejaron una herencia que hoy le estalla en las manos a la presidenta de la República. Pero esa herencia no explica ni justifica cualquier conducta dentro del INE. La autonomía también exige responsabilidad; la crítica al poder no puede ser permiso para descuidar la propia casa.
Lo publicado sobre presuntas relaciones entre personas del entorno de la expresidenta y proveedores del instituto es delicado. También lo son las versiones sobre familiares, colaboradores y empresas en negocios vinculados con recursos públicos. Nada debe darse por probado antes de que concluyan las investigaciones; tampoco puede despacharse como rumor o ataque político. El país necesita saber quién autorizó los contratos, bajo qué procedimiento, quién obtuvo beneficios y si hubo servidores públicos que incumplieron la ley.
Lo más grave sería que el caso terminara protegido por complicidades o impunidad. Si se acreditan faltas o delitos, deben aplicarse sanciones, sin importar quién haya llegado al cargo por la Cuarta Transformación o por cualquier otra fuerza política. La honestidad se mide cuando las investigaciones alcanzan a los propios. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una responsabilidad política: respaldar una indagatoria independiente, cuidar la autonomía del INE y dejar claro que no habrá encubrimiento.
Un sistema electoral vive de reglas, pero también de confianza. Si los ciudadanos creen que el árbitro es imparcial, aceptan incluso un resultado que no les gusta. Si sospechan que las decisiones se arreglan desde dentro, cualquier elección se vuelve terreno fértil para la polarización, el desconocimiento y el conflicto. No se trata de anunciar catástrofes. Se trata de entender que la credibilidad tarda décadas en construirse y puede perderse en unos cuantos días.
A la presidencia provisional le toca hablar con hechos y cuentas claras. A la Cámara de Diputados, nombrar a quien ocupará el cargo con criterios de independencia y capacidad. A la ASF y al órgano de control, investigar hasta donde lleven las pruebas. Y al INE, transparentar las contrataciones, explicar sus decisiones y reparar las fallas que se acrediten. También el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana debe cuidar su credibilidad: hoy, cuando preguntamos en quién confiar, no basta señalar al árbitro nacional.
Quienes fundamos el IFE no podemos mirar esta crisis con indiferencia. Defendemos una institución, no a una persona ni a un partido. La confianza todavía puede recuperarse, pero no con comunicados ni con llamados a pasar la página. Se recupera investigando, transparentando y sancionando, si corresponde. El INE debe volver a ser una autoridad en la que la ciudadanía crea. Está en juego el valor del voto y la posibilidad de que la disputa política se resuelva en las urnas.¿No cree usted?.
Las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva responsabilidad del autor y no representan, necesariamente, la política editorial de Grupo Diario de Morelos.
Añadir Diario de Morelos como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
