La discusión entre el senador priista Ángel García Yáñez y el diputado federal de Morena Juan Ángel Flores Bustamante, ocurrida ayer frente a Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, fue una escena incómoda y reveladora al mismo tiempo. En una reunión convocada para revisar asuntos de Morelos, el debate sobre la situación del estado terminó convertido en un agrio intercambio de reproches entre dos de sus representantes federales.
De acuerdo con versiones que circularon después del encuentro, García Yáñez hizo comentarios críticos sobre la administración de Margarita González Saravia. Flores Bustamante respondió cuestionando la trayectoria del senador y reprochándole que, después de varios años en el Senado, no hubiera hecho lo suficiente por la entidad. En contraste, sostuvo que la gobernadora, con errores y defectos, sí estaba intentando actuar ante los problemas del estado.
La conversación, al parecer, subió de tono hasta que intervino Rosa Icela Rodríguez para ordenar la reunión y encauzarla hacia los asuntos previstos. No se conoce una transcripción oficial del intercambio ni todos sus detalles, por lo que conviene tomar con cautela las frases atribuidas a cada legislador. Pero el episodio ya tuvo un efecto político: hizo visible que la preocupación por Morelos también se expresa en la disputa sobre quién tiene responsabilidad y quién debe responder por la crisis.
Y motivos de preocupación sobran. La inseguridad sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas y no puede darse por controlada. A ella se suman problemas en los servicios, tensiones sociales y una percepción de gobierno que enfrenta cuestionamientos cotidianos. La crítica opositora tiene espacio legítimo, especialmente cuando señala fallas concretas. Pero señalar problemas no basta, los representantes populares también deben explicar qué han hecho desde sus cargos y qué soluciones proponen. Por eso, la réplica de Flores Bustamante tuvo relevancia más allá del tono. Entre los legisladores presentes, según las versiones conocidas, fue quien salió a defender a la gobernadora. El resto de las y los diputados morelenses habría permanecido en silencio. Ese silencio también comunica; puede ser prudencia ante una discusión áspera, pero deja la impresión de que la representación estatal no consigue construir una posición común frente a la situación de Morelos.
La escena, además, ocurre cuando la política ya mira hacia las elecciones de 2027. El PRI busca subrayar las debilidades de la administración estatal, varias de ellas evidentes para la población. Morena, por su parte, tiene el incentivo de cerrar filas y proteger a su gobierno. En esa lógica, la reunión dejó de ser únicamente un espacio institucional y se convirtió en un anticipo de una contienda que irá subiendo de temperatura.
Sin embargo, la gravedad de Morelos no debería reducirse a un intercambio de acusaciones partidistas. La presencia de la Secretaria de Gobernación y la reunión con representantes federales muestran que el centro del país sigue de cerca lo que ocurre aquí. Esa atención puede abrir una oportunidad para coordinar acciones y exigir resultados; pero también puede significar que la situación rebasó la discusión local y requiere respuestas de mayor alcance.
Lo que los morelenses necesitan no es saber quién levantó más la voz, sino qué compromisos concretos salieron de la reunión. ¿Qué apoyo federal habrá para contener la violencia? ¿Qué medidas verificables se pondrán en marcha? ¿Quién dará seguimiento y en qué plazos? Sin respuestas públicas, el pleito será apenas una escena más de la política.
El choque entre García Yáñez y Flores Bustamante dejó una pregunta que ninguno puede esquivar: si todos reconocen que Morelos atraviesa una situación delicada, ¿qué hará cada quien, desde su responsabilidad, para cambiarla? En vísperas de la disputa electoral, la ciudadanía tendrá que distinguir entre quienes usan la crisis para golpear al adversario y quienes están dispuestos a asumir su parte y ofrecer resultados. ¿No cree usted?
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