La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la nueva legislación catastral no aumentará el predial. El senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostiene lo mismo. El proyecto no fija nuevas tasas ni le entrega al gobierno federal el cobro de un impuesto que corresponde a las autoridades locales. Pero sus declaraciones no responden otra pregunta: ¿qué pasará con el recibo cuando cambie el valor asignado a una propiedad?
La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral el 7 de octubre. El martes 13, las comisiones del Senado avalaron el dictamen por 21 votos contra cinco. Falta la decisión del pleno. La propuesta pretende ordenar los registros de inmuebles, facilitar que distintas oficinas compartan información y corregir datos incompletos o atrasados.
Sin embargo, el monto del predial no depende únicamente de la tasa. También cuenta el valor gravable que se atribuye al terreno y a la construcción, además de los descuentos, topes y fórmulas que establezca cada entidad o municipio. Si el valor cambia, el pago puede cambiar. Es una posibilidad, no un efecto automático de la ley que discute el Senado.
Una vivienda tiene un valor gravable de un millón de pesos. Si la autoridad competente lo revisa y lo fija en millón y medio, con una tasa proporcional idéntica y sin límites al incremento, su dueño pagaría 50% más. Nadie habría modificado la tasa. El aumento provendría de la nueva valuación. En otros lugares, las reglas podrían impedir que el recibo subiera en esa proporción.
Parte de la confusión procede del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Es un documento diferente, en el que se planteó acercar los valores catastrales a los comerciales. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó que se eleve el predial y pidió revisar ese apartado. La Sedatu aceptó modificar su redacción. Conviene no mezclar ese programa con la ley federal ni atribuirles facultades fiscales que no tienen.
Actualizar los catastros es necesario. Existen ampliaciones de casas que no aparecen en los registros, predios con datos incorrectos e información que no coincide entre dependencias. Esa desorganización perjudica a propietarios y municipios. Pero un registro más preciso también permite identificar inmuebles cuyo valor fiscal se ha quedado muy por debajo del real. Falta explicar qué consecuencias tendría esa actualización para los contribuyentes. También debe aclararse si los municipios tendrán incentivos para elevar la recaudación.
El contribuyente necesita respuestas concretas: quién hará las valuaciones, cada cuánto se revisarán, cómo se notificarán los cambios y qué recurso tendrá quien considere incorrecto el nuevo valor. Es indispensable publicar los criterios de cada valuación. También importa proteger a personas que habitan viviendas encarecidas por el mercado, aunque sus ingresos no hayan aumentado.
La presidenta y el senador aseguran que la ley no aumentará el predial. Eso no garantiza que los propietarios paguen lo mismo cuando se actualicen los valores catastrales. La pregunta que deben contestar las autoridades es cuánto podría aumentar el impuesto, en qué circunstancias y qué mecanismos impedirán incrementos desproporcionados.
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