El nombre de Gerardo Botello Rozalez, alias "El Cachas", volvió a ocupar titulares luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo identificara como uno de los operadores de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo relacionara con el Rancho Izaguirre, señalado por las autoridades estadounidenses como un centro de reclutamiento y adiestramiento de la organización criminal.
Lo señalan como operador financiero y logístico
De acuerdo con la OFAC, Botello Rozalez forma parte de la estructura operativa y financiera del CJNG.
Las autoridades estadounidenses le atribuyen presuntas actividades relacionadas con:
- Robo y contrabando de combustible (huachicol).
- Coordinación de células del CJNG.
- Operaciones de lavado de dinero mediante empresas fachada.
- Presuntos vínculos con el reclutamiento de integrantes para la organización.
De escolta a operador del CJNG
Antes de ser señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal, autoridades mexicanas lo identificaron como escolta de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.
Botello fue detenido en 2018; sin embargo, según la investigación del Gobierno de Estados Unidos, habría continuado dirigiendo operaciones del cártel incluso durante su encarcelamiento.
El vínculo con el Rancho Izaguirre
El Departamento del Tesoro también lo relaciona con el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco.
Según la investigación estadounidense, el inmueble era utilizado como un centro de reclutamiento y entrenamiento para personas captadas por el CJNG, algunas de ellas mediante engaños o coerción.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente cuál habría sido el papel específico de Botello dentro de las operaciones desarrolladas en ese lugar.
Las empresas bajo investigación
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las sanciones es la presunta red empresarial vinculada con "El Cachas".
Entre las compañías mencionadas por las autoridades estadounidenses se encuentran:
- Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., dedicada formalmente a la venta de calzado infantil.
- Green Agropacific, enfocada en actividades agrícolas.
- Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, relacionado con la producción de tequila y agave.
- Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, empresa de seguridad privada con operaciones en Jalisco y Michoacán.
De acuerdo con la OFAC, estas compañías habrían sido utilizadas para ocultar y mover recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
También investigan a familiares
La investigación señala que varios familiares de Botello Rozalez ocupaban cargos administrativos o directivos dentro de empresas relacionadas con la presunta red de lavado de dinero.
Entre ellos figuran su esposa, hijos y otros familiares cercanos, quienes también aparecen en las investigaciones financieras difundidas por las autoridades estadounidenses.
Las sanciones
Como parte de un operativo coordinado entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México:
- Fueron sancionadas 55 personas, entre físicas y morales, presuntamente relacionadas con el CJNG.
- Se congelaron bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense.
- Los involucrados fueron incorporados a listas de sanciones financieras.
- En México se presentaron denuncias por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aún no existe una sentencia por estos señalamientos
Hasta ahora, las acusaciones sobre la presunta participación de Gerardo Botello Rozalez en la estructura financiera del CJNG y su vínculo con el Rancho Izaguirre derivan de investigaciones y sanciones administrativas del Gobierno de Estados Unidos, así como de indagatorias financieras en México.
No se ha informado públicamente sobre una sentencia judicial que lo declare culpable específicamente por estos hechos.
Un caso que refleja la estructura financiera del CJNG
Las investigaciones estadounidenses sostienen que el CJNG no solo opera mediante actividades de narcotráfico, sino también a través de una red de empresas aparentemente legales dedicadas a sectores como el calzado, la agricultura, la producción de tequila, la seguridad privada y el comercio.
De acuerdo con las autoridades, esta estructura habría servido para mover y ocultar recursos ilícitos, mientras que el presunto vínculo con el Rancho Izaguirre reforzaría la hipótesis de que la organización combinaba operaciones financieras con centros de reclutamiento y entrenamiento para nuevos integrantes.
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