Cuernavaca.- La revocación de mandato en la entidad podría aplazarse hasta el año 2028 si el Congreso local se ve obligado a iniciar un nuevo proceso legislativo para adecuar la normativa a los recientes cambios federales.
Esta situación se presenta mientras la primera iniciativa sobre el tema permanece bajo revisión del Tribunal Electoral estatal, según informó el diputado Daniel Martínez Terrazas, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
El legislador explicó que el Poder Legislativo entregó al órgano electoral el expediente completo con las actas de votación de 24 municipios que originalmente respaldaron la reforma.
Sin embargo, el conflicto legal surgió luego de que algunos ayuntamientos modificaron el sentido de sus acuerdos con posterioridad a la notificación formal realizada ante el Congreso.
Disputa por votos municipales podría llegar a la Suprema Corte
Ante esta variación en las posturas de los cabildos, Martínez Terrazas sostuvo que el artículo 147 establece con claridad que los municipios no tienen la facultad de cambiar su decisión una vez que ha sido notificada oficialmente a la soberanía estatal.
Por esta razón, la bancada del PAN analiza promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver definitivamente la legalidad de dichas modificaciones.
“Si no avanza y nunca se consiguen los números para hacer la declaratoria aquí en el Pleno, tendremos que volver a iniciar el proceso legislativo”, advirtió el coordinador parlamentario.
La falta de acuerdos firmes en las demarcaciones locales mantiene detenido el trámite legislativo, lo que frena la posibilidad de aplicar el mecanismo ciudadano a corto plazo en el estado.
Buscarán nueva iniciativa para garantizar rendición de cuentas
Para destrabar el escenario, el legislador agregó que su grupo parlamentario contempla la presentación de una nueva iniciativa legal.
Esta propuesta incorporaría los parámetros establecidos a nivel federal para que el ejercicio de revocación de mandato pueda desarrollarse finalmente en los años 2027 o 2028.
El objetivo central de esta alternativa es evitar que las diferencias y vacíos jurídicos impidan que los ciudadanos morelenses cuenten con esta herramienta de evaluación democrática.
“La revocación de mandato tiene que suceder para que el gobierno del Estado rinda cuentas ante la ciudadanía”, afirmó finalmente Martínez Terrazas sobre el compromiso de su bancada.
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