Cuernavaca.- Exigir el endurecimiento de las penas por agresiones y homicidios cometidos contra defensores de derechos humanos y del territorio fue la postura manifestada por la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado. El pronunciamiento ocurrió tras el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, en una protesta efectuada frente a sus oficinas dentro del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Frente a decenas de integrantes de la organización civil, el corridista Arturo Torres dio lectura al documento oficial. En la carta se puntualizó que en la entidad morelense suman más de 12 personas defensoras de los recursos naturales, el agua y las comunidades que han perdido la vida de forma violenta en los últimos 10 años.
Demanda de delito agravado para proteger a los activistas
Durante la manifestación se cuestionó la falta de protección hacia la labor periodística y social en la entidad. Los integrantes formularon la interrogante sobre cuántos activistas más deberán perder la vida en Morelos y en todo el territorio nacional antes de que las autoridades brinden garantías reales de seguridad.
Por ello, la organización solicitó formalmente que los ataques directedos a defensores comunitarios queden tipificados legalmente como un delito agravado. La intención principal de la medida radica en el reconocimiento formal del contexto de alto riesgo al que se enfrentan diariamente en el ejercicio de sus actividades de protestas e investigaciones.
La iniciativa presentada aclara que no se busca incrementar de manera generalizada las penas asociadas al delito de homicidio. El objetivo central consiste en incorporar una circunstancia agravante específica que contemple si el ataque contra la víctima obedeció a labores de protección del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales o la defensa del bienestar integral de sus comunidades.
Exigen que la FGR atraiga el caso de Gabriel Rivas
De forma paralela, la agrupación hizo un llamado enérgico para que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la responsabilidad total de las investigaciones referentes a la muerte del regidor capitalino Gabriel Rivas. La solicitud contempla además la aclaración de expedientes archivados correspondientes a homicidios de otros activistas locales.
Los manifestantes recalcaron la imperiosa necesidad de poner fin a la impunidad imperante en estos sucesos de violencia. Sostuvieron que el único camino para prevenir la repetición de hechos trágicos de este calibre es el esclarecimiento de responsabilidades y la impartición de justicia imparcial para las familias y los colectivos afectados.
Como parte del paquete de peticiones dirigidas al gobierno, se planteó formalmente la expropiación del terreno conocido popularmente como La Cazahuatera. La meta planteada consiste en otorgarle la declaratoria de Área Natural Protegida y desarrollar en sus inmediaciones un parque ecológico que lleve el nombre del activista fallecido.
Para coordinar los detalles de esta iniciativa socioambiental y acordar las próximas movilizaciones, la asociación lanzó una convocatoria abierta a la población. La cita ciudadana está programada para el próximo 11 de noviembre a las 18:00 horas en la capital del estado.
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