Cuernavaca, Morelos.- El diputado federal Juan Ángel Flores Bustamante acudió a Palacio de Gobierno para presentar una solicitud formal ante la gobernadora Margarita González Saravia, con la finalidad de que se evalúe la expropiación del histórico predio La Cazahuatera.
La propuesta plantea que el terreno sea adquirido formalmente por el Gobierno del Estado de Morelos para ser transformado en un espacio público de uso comunitario, deportivo y cultural para los cuernavacenses.
Conservación ambiental frente a la expansión urbana
El legislador enfatizó que el objetivo primordial es rescatar y preservar un predio de varias hectáreas de selva baja caducifolia, vegetación endémica que se encuentra amenazada por la constante expansión de desarrollos habitacionales en la capital.
Cuernavaca padece una falta crítica de áreas verdes públicas de acceso libre, por lo que rescatar este terreno representa una oportunidad estratégica para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio ecológico en la zona urbana.
Flores Bustamante precisó que la intención no es despojar de manera arbitraria a los dueños del terreno. La iniciativa busca explorar alternativas legales eficaces para que el Ejecutivo estatal adquiera la propiedad mediante esquemas justos.
Incluso se sugirió que la firma constructora propietaria del área podría negociar o reubicar sus proyectos inmobiliarios en otras zonas aptas, permitiendo que La Cazahuatera se consolide como un pulmón verde indispensable para la ciudad.
El antecedente del Casino de la Selva
Durante su exposición, el diputado recordó las históricas movilizaciones sociales de hace más de tres décadas en defensa del Casino de la Selva, encabezadas por activistas como Flora Guerrero e Ignacio Suárez Huape.
Aquel movimiento demostró la profunda necesidad de la ciudadanía por defender el patrimonio natural y cultural frente al crecimiento comercial desmedido. De acuerdo con el legislador, La Cazahuatera representa una causa similar para el Morelos actual.
La petición entregada en Palacio de Gobierno marca apenas el inicio del procedimiento técnico y jurídico. El documento formal solicita que las autoridades estatales analicen la viabilidad legal del proyecto.
Por el momento no existe un fallo o determinación formal sobre el destino final del terreno, por lo que la moneda sigue en el aire a la espera del análisis de las dependencias correspondientes.
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