Cuernavaca.- El alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, enfrenta una solicitud formal de destitución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos, tras desatender de manera reiterada una sentencia firme sobre el pago de un laudo laboral.
La resolución del órgano jurisdiccional, dada a conocer en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, determinó que el munícipe no justificó el desacato a la sentencia ejecutoriada con fecha del 4 de septiembre de 2024. Por este motivo, el pleno declaró fundado el incidente de incumplimiento promovido en su contra.
El TJA remarcó que las autoridades municipales omitieron sus obligaciones legales al ignorar el mandato judicial dictado en el expediente TJA/5ªSERA/JRAEM-135/2022. Esta situación vulnera los derechos laborales de los trabajadores afectados y compromete la legalidad de la administración local.
Le toca al Congreso decidir su futuro
Dado que el edil ocupa un puesto de elección popular, el Tribunal aclaró que carece de facultades directas para removerlo de su encargo. En consecuencia, turnó una copia certificada del caso a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos para que inicie el análisis correspondiente.
El procedimiento constitucional se fundamenta en el artículo 41 de la Carta Magna estatal, así como en los artículos 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal. Serán los diputados locales quienes determinen si existen elementos suficientes para concretar la destitución e inhabilitación del edil.
Ante este panorama, Alonso Plascencia acusó presunta persecución política y responsabilizó de cualquier atentado a las autoridades estatales, señalando que buscarían fabricarle delitos para encarcelarlo.
Un historial lleno de expedientes y señalamientos
No es la primera vez que el político de Tlaquiltenango acapara los reflectores por problemas con la justicia. En 2009 fue detenido en Chiapas por presunto tráfico de personas tras transportar a nueve guatemaltecos, obteniendo la libertad mediante recursos legales.
Para 2016, durante su primera gestión edilicia, se le vinculó sentimentalmente con una sentenciada por secuestro y homicidio. En 2018, siendo candidato a diputado, fue aprehendido como supuesto autor intelectual de un homicidio y ligado a un grupo delictivo, quedando libre por falta de elementos.
A su lista de antecedentes se suma una detención en septiembre de 2022 en Puente de Ixtla por conducir un vehículo con reporte de robo y portar un arma de fuego calibre .380. Mientras tanto, en agosto de 2026 reconoció la existencia de investigaciones de la Fiscalía General de la República en su contra.
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