Proteger a las víctimas de la violencia de género es el objetivo de las modificaciones a la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados, homologa protocolos y señales de alerta destinados a proteger a las víctimas, pone en operación números de emergencia, a nivel estatal y federal, y promueve el uso de medios tecnológicos para la atención de la violencia de género.
Falta su aprobación en el Senado, pero destacan la necesidad de poner en marcha protocolos y señales de alerta en casos de violencia de género.
Tipos penales. Por otra parte, el PAN en el Congreso de la Unión impulsa que desde ese recinto se establezca un marco jurídico en materia de feminicidios y violencia contra la mujer por razón de género.
Es decir que las legislaturas estatales no sean las que establezcan los tipos penales, sino que para que sea uniforme, dicho ilícito sería tipificado y sancionado en los mismos términos en todo el país, con enfoque integral del fenómeno al regular la actividad de todas las autoridades que intervienen.
Desde la policía preventiva hasta el sistema penitenciario y eficiente, en virtud que participarían todas las autoridades del país en su investigación, prevención, combate y sanción, cuyas atribuciones y responsabilidades quedarían delimitadas en dicha ley.
En términos generales, la propuesta de emitir legislación penal, fija las fases para el establecimiento de una política integral en materia de feminicidios y de violencia contra la mujer por razón de género.
Que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano en la prevención, persecución, sanción y el combate en su más amplia extensión de estos delitos.
La iniciativa para facultar al Congreso de la Unión pretende plantea que emita la legislación penal, procedimental y orgánica que unifique sistemáticamente los tipos penales.
También los procedimientos correspondientes, mecanismos preventivos de inteligencia y de indagatoria, técnicas especiales de investigación, derechos de las partes, medidas cautelares, determinaciones institucionales, todo con perspectiva de género.
Por E. Zapata