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NECESARIO.

El anun­cio del Gobierno del Estado para meter al trans­porte público al redil de la veri­fi­ca­ción vehi­cu­lar es una urgen­cia.

Las 24 mil uni­da­des de rutas y taxis cir­cu­lan dia­ria­mente por el estado en la total opa­ci­dad ambien­tal. Ni una sola de ellas cum­ple hoy con la obli­ga­ción de veri­fi­car sus emi­sio­nes.

Mien­tras al ciu­da­dano común se le exige estar al corriente bajo la ame­naza de mul­tas y corra­lo­nes, el gre­mio del trans­porte ha gozado desde que existe el pro­grama de una patente de corso para con­ta­mi­nar el aire, con el eterno pre­texto de la resis­ten­cia al cam­bio y la pre­sión polí­tica.

CLAUSURA.

La LVI Legis­la­tura clau­suró el segundo periodo de sesio­nes de su segundo año de tra­ba­jos, en medio de una pro­testa del sin­di­cato de tra­ba­ja­do­res del Con­greso como medida de pre­sión para obte­ner sus deman­das y más de seis por ciento de aumento sala­rial.

Tam­bién hubo pre­sen­cia de tra­ba­ja­do­res sin­di­ca­li­za­dos de otros pode­res ante la desin­for­ma­ción de que se apro­ba­rían refor­mas a la Ley del Ser­vi­cio Civil del Estado sobre la crea­ción del Ins­ti­tuto de Pen­sioes.

Ayer mismo, auto­ri­da­des del Eje­cu­tivo esta­tal y del Con­greso decla­ra­ron hasta el can­san­cio la ine­xis­ten­cia de ese pro­yecto de reforma en manos de los dipu­ta­dos.

De cual­quier manera, es tiempo en que se empie­zan a medir fuer­zas ante la pro­xi­mi­dad del ini­cio del año elec­to­ral y la pre­sión para obte­ner pri­vi­le­gios que la eco­no­mía del estado no aguanta.

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Ezapata
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