Cuernavaca.- El bolsillo de los ciudadanos sufre un duro golpe este inicio de mes, desatando la furia de diversos sectores sociales que han decidido llevar su inconformidad hasta las últimas consecuencias frente a la sede del Poder Ejecutivo.
Cuatro integrantes del Comité de Solidaridad Morelense iniciaron una huelga de hambre para exigir al Gobierno del Estado reducir el incremento del 30 por ciento a la tarifa del transporte público, que entra en vigor este 1 de julio, al considerar que el ajuste es desproporcionado frente a la calidad del servicio.
José Alberto Castañeda Sánchez informó que la protesta comenzó a las 9:30 horas y permanecerá de manera indefinida mientras esperan el resultado de la reunión programada con el secretario de Gobierno, en la que plantearán disminuir el aumento al 15 por ciento e implementar acciones para mejorar el servicio.
El impacto del tarifazo en los ciudadanos
El ajuste a la tarifa no solo golpeará a quienes usan las rutas diariamente, sino que se teme un efecto dominó en los precios de los productos básicos dentro de la entidad.
Explicó que el comité está integrado por más de 12 organizaciones sociales y magisteriales, las cuales sostienen que el incremento impactará no sólo en el costo del transporte, sino también en productos y servicios, debido al efecto que tendrá sobre la economía familiar.
Advirtió que, si no obtienen una respuesta favorable, la huelga de hambre continuará y el plantón instalado en la plaza ‘Emiliano Zapata’ permanecerá de día y de noche. Además, adelantó que otras dos personas podrían sumarse a la protesta.
Monitoreo médico y exigencia a las autoridades
Al tratarse de una medida extrema que pone en riesgo la integridad de los manifestantes, ya se ha solicitado el apoyo de cuerpos de emergencia para vigilar la evolución de los huelguistas en el primer cuadro de la ciudad.
Castañeda Sánchez señaló que solicitó apoyo de personal médico y de Protección Civil para dar seguimiento al estado de salud de Castañeda Sánchez, Zilpa Zaragoza, Joaquín Morales y Miguel Ángel Gómez quienes fueron los primeros en suspender el consumo de alimentos.
Finalmente, hizo un llamado a la gobernadora Margarita González Saravia para reconsiderar el aumento y promover consultas ciudadanas antes de aprobar decisiones que, afirmó, afectan directamente la economía de la población.
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