Cuernavaca.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) enfrenta una severa crisis financiera que amenaza con paralizar sus operaciones y dejar sin un solo peso a sus trabajadores.
Si el Gobierno del Estado no autoriza una ampliación presupuestal urgente, el dinero del Poder Judicial se terminará por completo en el mes de septiembre. Esto pondría en riesgo el pago de salarios y pensiones de cientos de empleados.
Javier García Tinoco, presidente del Órgano de Administración Judicial, encendió las alarmas al revelar la falta de liquidez. Aunque el escenario óptimo requiere un tanque de oxígeno de 321 millones de pesos, urge un mínimo indispensable.
Los millones que faltan para rescatar el año
El Poder Judicial necesita asegurar entre 160 y 190 millones de pesos para poder cerrar el ejercicio fiscal actual de manera digna y sin afectar los bolsillos de los trabajadores morelenses.
De esta cantidad, alrededor de 37 millones de pesos se destinarán de forma exclusiva al pago de los jubilados del tribunal, un sector vulnerable ante los retrasos.
Por otra parte, se requieren entre 120 y 150 millones de pesos para garantizar la nómina completa del personal en activo durante el último cuatrimestre del año.
Amarrarse el cinturón ya no es suficiente
Para justificar la solicitud de recursos extraordinarios, las autoridades judiciales ya preparan un dictamen financiero riguroso bajo las normativas de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
García Tinoco aseguró que el Tribunal ya aplicó medidas de austeridad severas, como congelar entre 40 y 60 plazas mensuales que quedan vacantes por renuncias o retiros.
Estas vacantes no se cubren para ahorrar recursos, con excepción de los puestos clave que son indispensables para no detener la justicia, como jueces y secretarios.
Menos presupuesto y más obligaciones en 2026
El funcionario fue tajante al señalar que ya no existe margen para realizar más recortes internos, pues el presupuesto asignado para 2026 no creció, sino que disminuyó sensiblemente.
En 2024, el Poder Judicial de Morelos recibió un presupuesto de 840 millones de pesos; sin embargo, para este 2026 la cifra cayó a los 833 millones de pesos autorizados.
Este recorte se dio a pesar de que el Tribunal absorbió un incremento constante en obligaciones legales, pago de impuestos, prestaciones laborales y nuevas jubilaciones en el estado.
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