Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Morelos ejecutaron una orden de aprehensión contra José Guadalupe “N”, ex agente del grupo antisecuestros de la entonces Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El mandato judicial lo requiere por el delito de tortura en perjuicio de María Luisa Villanueva Márquez, en hechos ocurridos en enero de 1998 en el municipio de Cuernavaca.
El detenido fue localizado y asegurado en la colonia Cuautlixco, en el municipio de Cuautla. En las próximas horas deberá comparecer ante el juez que lo requiere. Según las indagatorias, José Guadalupe “N” formaba parte del grupo antisecuestros y, durante una investigación, detuvo a la entonces joven de 23 años. Se presume que la sometió a actos de tortura para obligarla a confesar su participación en un secuestro.
La víctima fue sentenciada a 30 años de prisión. Cumplió más de 25 años recluida en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Xochitepec, y recuperó su libertad en febrero de 2023 mediante el beneficio de remisión parcial de la pena. La Fiscalía destacó que esta es la primera orden de aprehensión por el delito de tortura que se cumplimenta en los últimos 15 años en la institución, lo que convierte el caso en un hito particular.
Los datos oficiales tienen carácter informativo; la versión completa obra en la carpeta de investigación correspondiente.
El contexto de 1998: el grupo antisecuestros y una crisis de impunidad en Morelos
Los hechos se enmarcan en uno de los periodos más oscuros de la procuración de justicia en Morelos. A finales de los años 90, el grupo antisecuestros de la Policía Judicial, entonces bajo el mando de figuras como Armando Martínez Salgado, enfrentó graves acusaciones de operar como una estructura paralela involucrada en secuestros, desapariciones, torturas y fabricación de culpables. En enero de 1998, el propio Martínez Salgado y otros elementos fueron sorprendidos con el cadáver de Jorge Nava Avilés (alias “La Mole”), quien presentaba señales de tortura previa a su muerte. Ese escándalo detonó intervenciones federales y reveló un patrón sistemático.
María Luisa Villanueva Márquez, originaria de la comunidad El Ocotillo, en Coyuca de Benítez, Guerrero, fue detenida entre el 6 y el 10 de enero de 1998. Según su testimonio y el Protocolo de Estambul aplicado años después, estuvo cuatro días en una casa de seguridad: sin alimentos ni agua, amarrada, sometida a golpes, vejámenes sexuales, amenazas de muerte contra sus hijos (entonces un bebé y un niño de nueve años que vivían con sus abuelos) y presión psicológica extrema. Fue obligada a firmar una confesión por el secuestro de la menor Sara Saskia Seligman, ocurrido en junio de 1997. Ella ha mantenido siempre que no participó en ese delito y que no entendía siquiera el significado de la palabra “secuestro” en aquel momento.
El Protocolo de Estambul, el estándar internacional de Naciones Unidas para documentar tortura, confirmó secuelas físicas y psicológicas compatibles con los actos denunciados: trastornos de ansiedad, estrés postraumático, problemas sexuales y otras afectaciones de salud que persisten hasta hoy. La Fiscalía General del Estado reconoció públicamente, en noviembre de 2025, que elementos del extinto Grupo Antisecuestros vulneraron su integridad personal entre el 6 y el 10 de enero de 1998, y admitió dilaciones en la carpeta de investigación por tortura (SC01/2862/2014). Publicó una disculpa oficial en el periódico Tierra y Libertad.
La larga lucha de María Luisa Villanueva por el reconocimiento de inocencia
Aunque libre desde 2023, María Luisa Villanueva Márquez (hoy de 51-52 años) no ha dejado de exigir que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos anule la sentencia y declare su inocencia. Ha realizado plantones, presentaciones de poemarios que narran su experiencia (“Sobreviviente”), huelgas de hambre y actos simbólicos, como encadenarse a la estatua de la diosa Themis frente al TSJ y quemar públicamente resoluciones judiciales que considera revictimizantes. En junio de 2026, un tribunal de alzada negó nuevamente el reconocimiento pleno de inocencia, pese a las pruebas de tortura y la disculpa institucional. Ella ha anunciado amparos federales y ha declarado: “Sobreviví a cuatro días de tortura, pero nunca pensé sobrevivir a 28 años de indiferencia”.
Su caso ilustra un problema estructural documentado por organismos de derechos humanos: la práctica de arrancar confesiones bajo tortura para “resolver” secuestros en una época en la que Morelos registraba cientos de plagios anuales. Organizaciones y reportes de la época señalaron que el grupo antisecuestros llenaba las cárceles con inocentes para mostrar resultados.
Un precedente que rompe 15 años de inacción
La detención de José Guadalupe “N” representa un avance concreto en la investigación por tortura abierta desde hace más de una década. La Fiscalía Morelos ha subrayado que no se cumplimentaba una orden de este tipo desde hace 15 años. El detenido, identificado únicamente con el nombre de pila y la inicial “N” conforme a protocolos de protección de datos, deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente. Aún no se ha informado si existen más personas investigadas por los mismos hechos.
Este caso se suma a otros esfuerzos recientes de la AIC por ejecutar mandamientos judiciales antiguos y de alto impacto. Al mismo tiempo, mantiene viva la discusión sobre la reparación integral a las víctimas de tortura policial de décadas pasadas: no solo la detención de los responsables, sino el reconocimiento pleno de inocencia, atención médica y psicológica, y medidas de no repetición.
María Luisa Villanueva Márquez ha reiterado que su lucha no es solo personal. Busca sentar un precedente para que ninguna otra persona —especialmente mujeres de escasos recursos— vuelva a pasar 25 años en prisión por una confesión extraída bajo tortura. La aprehensión de este martes 12 de agosto de 2026 es un paso tangible, aunque incompleto, en esa dirección.
La Fiscalía General del Estado de Morelos continúa con las diligencias. La sociedad morelense y las organizaciones de derechos humanos seguirán atentas al desarrollo de la audiencia y a las posibles nuevas detenciones relacionadas con este y otros casos del grupo antisecuestros de finales de los noventa.
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