Cuernavaca.- La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó la entrega formal del cuerpo de la joven Claudia a su padre, Valentín Tacoronte. Esta acción permite iniciar de inmediato los trámites correspondientes para la repatriación de los restos hacia España.
El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que el acto se llevó a cabo en las instalaciones de la dependencia ubicadas en el municipio de Temixco. Durante el procedimiento legal, la familia estuvo acompañada por representantes diplomáticos e institucionales.
Coordinación internacional y apoyo a la familia
En la diligencia estuvo presente el cónsul de España en México, Marco Rodríguez, junto con integrantes de la Universidad de Granada. También acudieron autoridades federales, estatales y el abogado defensor de los deudos.
Las autoridades realizaron la identificación oficial y explicaron detalladamente cada uno de los pasos legales requeridos. Tras concluir los protocolos, el cuerpo quedó bajo la responsabilidad directa de sus familiares para coordinar su salida del país.
El padre de la víctima expresó su agradecimiento hacia las autoridades mexicanas por lograr la detención de Francisco Javier “N”. El hombre figura como el probable responsable del feminicidio cometido en la entidad.
Proceso legal contra el presunto agresor
Respecto a la reparación del daño, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas tomó intervención directa en el caso. A la par, las investigaciones sobre la posible responsabilidad de autoridades municipales de Cuautla se mantienen activas.
Por su parte, Francisco Javier “N” quedó a disposición de un juez de control para encarar la audiencia inicial de formulación de imputación. La FGE integró al expediente registros de videovigilancia, así como diversas pruebas técnicas y científicas.
Aunque una de las líneas de investigación sugiere que el móvil del crimen fue un robo, la orden de aprehensión se emitió por feminicidio. La hipótesis legal contempla la presencia de lesiones infamantes en la víctima. De lograrse la vinculación a proceso, la Fiscalía solicitará la pena máxima de 70 años de cárcel.
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