El estado de Morelos, ubicado en el corazón geográfico de México y habitado por casi dos millones de personas según el INEGI, enfrenta hoy su reto más apremiante y desgastante: contener el avance de la inseguridad. Los indicadores de las organizaciones dedicadas al seguimiento de la violencia señalan a nuestra entidad como una de las que presenta mayores debilidades para hacer frente a la criminalidad.
Especialistas e historiadores coinciden en que la crisis actual no brotó de la noche a la mañana. Es el resultado de un rezago acumulado durante décadas, donde los tres órdenes de gobierno han sido rebasados por la evolución del crimen —tanto el organizado como el del fuero común—. En el fondo, destacan dos constantes destructivas: la corrupción y la impunidad.
Para comprender el presente ayuda mirar el pasado. El VIII Censo General de Población de 1960 registraba en Morelos una población de apenas 386,264 habitantes. El 60 % de la población económicamente activa pertenecía al sector agrícola. Los conflictos principales eran disputas por la tierra ejidal, remanentes de movimientos campesinos como el jaramillismo y delitos del fuero común.
Cuernavaca albergaba entonces a 115,000 habitantes. Hoy sobrepasa los 370,000. La zona industrial de CIVAC apenas daba sus primeros pasos, mientras el turismo de fin de semana consolidaba la fama de la Ciudad de la Eterna Primavera. Las quintas, hoteles y balnearios multiplicaron la convivencia y la actividad económica. Sin embargo, la infraestructura de seguridad institucional no creció al mismo ritmo que la demografía y la complejidad urbana.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugiere un mínimo de 2.8 agentes policiales por cada mil habitantes. En México, el promedio nacional apenas alcanza 1.0. En Morelos la cifra es crítica: apenas 0.8 policías por cada mil habitantes. Es decir, contamos con menos de una tercera parte del estándar internacional recomendado. La población creció cuatro veces en 50 años. El presupuesto y el gobierno no.
Frente a esta insuficiencia, autoridades se han visto rebasadas en recursos, logística y capacidad para estructurar una política pública eficaz. La respuesta de emergencia ha sido recurrir al apoyo de la Federación. No obstante, los despliegues federales son intervenciones temporales; si no se consolida una corporación propia, bien pagada, equipada y capacitada, los resultados duraderos seguirán sin materializarse.
Existe una premisa ineludible: mientras no se incluya a la sociedad civil y esta no se comprometa activamente, Morelos estará condenado a vivir en la zozobra.
No existen fórmulas mágicas. Sin embargo, las experiencias exitosas en otros sitios, demuestran que el crimen se puede contener cuando la ciudadanía juega un rol central en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas. La seguridad no es una tarea exclusiva de patrullas y armas; es un asunto de corresponsabilidad comunitaria.
Para convertir la indignación ciudadana en una verdadera fuerza, con la participación de la sociedad se requieren cuatro ejes fundamentales de acuerdo al PNUD, UNODC (ONU), BID, y autores como Edgar Morin, Robert Putman y otros.
1.Apropiación comunitaria del espacio: Las redes vecinales, escuelas y comercios deben coordinarse para recuperar parques, iluminar calles y blindar a la juventud frente a las dinámicas delictivas mediante oportunidades educativas y culturales.
2.Observatorios y contraloría ciudadana: La sociedad civil organizada debe evaluar de forma independiente el desempeño de las corporaciones, transparentar presupuestos y dar seguimiento a la efectividad en la procuración de justicia.
3.Canales seguros de alerta y blindaje local: Frente a delitos como el cobro de piso y la extorsión, la desconfianza frena la denuncia individual. Las cámaras de comercio, colegios de profesionistas y comités de barrio deben fungir como intermediarios para articular esquemas comunitarios de denuncia anónima y prevención.
4.Mesas de trabajo con valor vinculante: La presencia de los ciudadanos en los consejos de seguridad no debe ser protocolaria o de adorno. Se requieren mecanismos con voz y voto vinculante que garanticen la continuidad de los planes de seguridad más allá de los cambios sexenales o trienales de gobierno.
Frente a la complejidad del fenómeno delictivo en Morelos, la única respuesta sostenible es construir una sociedad fuerte, articulada y dispuesta a recuperar el control de su entorno.
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