El comunicado del Ayuntamiento de Cuernavaca es contundente, resume que prepara denuncias versus el ex alcalde Antonio Villalobos Adán, no sólo de carácter civil, administrativa y política, también penal. Añade que las denuncias incluyen a secretarios y directores por omisión y desvío de recursos económicos, pero de estos no dice nombres. El presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado advierte que las acusaciones ya fueron presentadas en la Contraloría Municipal, y que la parte penal será activada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Como dicen los abogados, y Urióstegui lo es: se la tienen cuadrada a Villalobos, contra el cual, además, no está descartado promover un político, algo que recuerde el columnista no ha sucedido en Cuernavaca.
Por ahora el tema es mediático, pero, inocente o culpable, la profusión de notas en medios escritos y electrónicos ya exhiben como presunto delincuente a Villalobos, lo que equivale a un juicio sumario. De la manera que sea, esta historia apenas empieza; tardará meses y quizá años, de modo que el desenlace puede llevar más allá de la actual administración municipal y llegar hasta el proceso electoral de 2024 cuando, oh, paradoja, Urióstegui podrá ser protagonista de la contienda central como candidato a gobernador de la coalición PAN-PRI-PRD contra Rabindranath Salazar, de Morena-PT-Panal, ya no el PES, al que según le ha venido yendo desaparecerá, más los candidatos de los partidos nuevos que jugarán sólo para no perder el registro.
Y sí: hubo un alcalde que cayó en prisión, pero no de Cuernavaca y tampoco por ladrón. Trinidad Rosario era presidente municipal de un pueblo del sur, Miacatlán o Mazatepec (el tiempo vuelve borroso el dato exacto). Electo en 1976, no terminó la gestión de tres años. Un asunto de actas de nacimiento le llevó a la destitución... y a la desaparecida Penitenciaría de Atlacomulco. Estuvo preso varios meses, y así terminó su carrera política. Podría haber sido diputado local, pero el antecedente penal lo regresó a la docencia. Profesor de primaria (si la memoria del atrilero no falla), Trinidad tenía reputación de ser un buen hombre. Siempre negó haber negociado la expedición de las actas a un grupo de salvadoreños, una y otra vez afirmó que autorizó los documentos junto con otros que la secretaria le pasó “para firma”. Las actas “chafa” fueron descubiertas cuando los centroamericanos tramitaron pasaportes y visas, con la intención de viajar a Estados Unidos. La embajada del vecino país reportó el asunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ésta a la de Gobernación y el gobernador Armando León Bejarano salió del brete separando del cargo al alcalde, por medio del recurso de la licencia. Pero de no haberse metido los gringos, nada habría pasado. Era la época en la que para “ciudadanizarse” morelense bastaba con tener un amigo alcalde o algún contacto en cualquier ayuntamiento del interior. Abundaban las actas con datos falseados, y de esta manera muchos políticos originarios de otras entidades se hicieron “morelenses por nacimiento”. La Constitución local exigía el requisito de la oriundez para poder ser presidente municipal o diputado local. Modificada años más tarde, dicha condicionante quedó en la de ser morelense por adopción. Pero este es otro cantar… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán
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