El abogado litigante le presume a su cliente: “Conseguí un acuerdo chingón con el abogado del ratero que te robó. Ahorita mismo te va a entregar 300 mil pesos por la reparación del daño, pero de eso me corresponde el 30 por ciento, y aparte hay que darle una ‘gratificación’ al agente del Ministerio Público”. La víctima tiene claro que no le debe nada a su abogado, pues durante más de un año le vino entregando en mano diferentes sumas por concepto de honorarios. Pero incluso así acepta darle cierta cantidad, aunque no la que el litigante corrupto pretende ni la totalidad de la “gratificación” que, ansioso, espera recibir el agente del MP. Hecho lo cual, la abogada del demandado recibe el pago en efectivo, descontada una parte para el abogado de la víctima y unos billetes para el MP. La transa ha sido consumada, la víctima se desiste, el acusado recupera la libertad, el abogado corrupto conserva la “respetabilidad” y por ahora la Fiscalía General del Estado desconoce el caso.
Remitida al correo electrónico del columnista, esta es sólo una de muchas historias de abogados dedicados al litigio… y a estafar a sus clientes.
Otra la encontramos en el periódico “A Tiempo Digital”, de Saltillo:
“Hace algunos meses y tras interponer una demanda por lo que llamarían en Austria ‘deslealtad profesional’ llegó a esta plataforma el caso de fraude de lo que llamaremos un ‘pseudo abogado’. Gustavo González Cruz, denunció la historia fraudulenta que vivió al caer en las manos del pseudo abogado José Emmanuel, para evitar que más ciudadanos caigan a manos de quien hoy lo defraudó. Tras la recomendación de un amigo y con la fe de que le fuera devuelto su empleo, o tal vez obtener la indemnización que le correspondía por ley, Gustavo se puso en contacto con Emmanuel ‘el abogado’, quien desde la primera cita que tuvo con él se ganó su confianza envolviéndolo en el proceso que llevaría para poder restituir sus derechos. Gustavo puso en las manos del ‘profesionista’ la cantidad de 20,000.00 pesos confiando en que éste último haría su trabajo, algo que no ocurrió. Con el paso de los días se fue perdiendo la comunicación con ‘el abogado’. Éste enteraba tardíamente a su cliente de cada movimiento que realizaba con el dinero entregado. A falta de resultados, Gustavo, comenzó a darle seguimiento al proceso que había interpuesto ‘el abogado’. Fue entonces que acudió a las instancias judiciales tan sólo para llevarse la sorpresa de que no había avance alguno en su caso; más aún, que la tercera audiencia estaba a punto de llevarse a cabo sin que él tuviera algún conocimiento. Al verse ‘el abogado’ descubierto citó a Gustavo en los juzgados, donde entregó un cheque con la cantidad de dinero del pago realizado por el primero. Sin embargo, es aquí donde comienza su largo peregrinar, ya que dicho cheque resultó no tener fondos. Al ver las promesas no cumplidas de regresar el monto total del dinero y ya de manera desesperada, debido a que ‘el abogado’ ya no contestaba sus llamadas, Gustavo decidió subir una foto de su defraudador a una conocida red social, narrando el supuesto fraude del que había sido víctima. Hecha la denuncia a través de las instancias correspondientes y apoyándose de la denuncia ciudadana a través de conocida red social, Gustavo comenzó a ser contactado por personas que habían sido también defraudadas por este individuo. Fue así que uno de ellos le proporcionó a Gustavo la cédula profesional del ‘abogado’, que tras hacer la investigación necesaria resultó ser falsa. De igual manera, este individuo proporcionaba a sus clientes una copia de su título, el cual resultó no ser expedida por la Casa de Estudios de la cual se ostentaba como egresado y que la supuesta firma no corresponde con la autoridad competente del año en el que se expide. Pasado poco más de un año, y debido a la presión sobre el caso, se giró una orden de presentación a Emmanuel, quien fue llevado por la fuerza pública para responder por lo que se le acusa…”.
Una más: En febrero de 2017, veintidós defensores de oficio fueron separados del cargo tras ser sorprendidos solicitando dádivas a sus representados, que iban desde los 500 pesos hasta los 70 mil pesos, además de maltratarlos.
Mirta Sagrario Aguirre Gómez, directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, explicó que los despidos iniciaron desde el año 2012. Enfatizó: el servicio otorgado por la dependencia es gratuito, señaló que no es excusa el salario de los defensores ya que hubo una homologación que va de 13 mil, 15 mil y 17 mil pesos mensuales.
Por fortuna los abogados transas son una minoría… (Me leen mañana).
Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]
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