Latente por estos días la amenaza de una nueva crisis de la basura, armada de un amparo otorgado por un juzgado federal, la empresa PASA reclama al Ayuntamiento de Cuernavaca el pago de 38 millones de pesos, ya, ahora. Eso se sabe, es del conocimiento público, pero no así el nombre del dueño del contrato y el monto final del negocio. ¿Se trata de un empresario y a la vez funcionario del Gobierno del Estado que se halla en un conflicto de intereses? El área de inteligencia financiera del presidente Andrés Manuel López Obrador debe saberlo...
Vieja, la presunción del negocio con la basura data de varias administraciones municipales. ¿Quién no recuerda la crisis de la basura en la capital? Cuernavaca fue entonces un confinamiento de bolsas y desperdicios malolientes con el fétido olor en lugar del aroma de sus flores. La estulticia política de Adrián Rivera Pérez y Sergio Estrada Cajigal en su último año como alcalde y gobernador, más la desesperación de los pobladores de Alpuyeca, mostraron a propios y extraños el paisaje apocalíptico de lo que sucedería si se dejase de recoger la basura.
La crisis comenzó en el paraje al que se llegó a conocer como “el basurero de la muerte”, porque de los cerros de desperdicios a cielo abierto salían arroyos de lixiviados o jugos tóxicos destilados de la mezcla de basura orgánica que desaparecían en la tierra porosa, se estancaban en hoyos pestilentes y caían como pus al río de Alpuyeca. A niños, jóvenes, adultos y ancianos les cayeron enfermedades causadas por tres décadas de convivir con millones de toneladas de desechos domiciliarios, y hasta de hospitales.
En el cerro de Milpilla estaba desparramado el tiradero de Tetlama: bolsas negras, ropa deshilachada, fierros oxidados, llantas, envases multicolores de plástico. Y lo que no se ve en estos casos: las filtraciones que provocan la contaminación de ríos, pozos, tuberías y mantos freáticos. El basurero de Tetlama fue un punto de conflicto durante el gobierno panista de Estrada 2000-2006. Se comprometió a construir un relleno sanitario regional que cumpliera con todas las condiciones, como la NOM-083 de la Semarnat, y cerrar de inmediato el tiradero del cerro de Milpilla. No cumplió y en contubernio con Rivera volvieron a utilizar, primero con engaños y después de manera clandestina, el tiradero a cielo abierto, exactamente frente a la zona arqueológica de Xochicalco.
Los habitantes de Alpuyeca se movilizaron para exigir el cierre del basurero, el cual ya había cobrado decenas de víctimas por infecciones gastrointestinales. En marzo de 2006, se inició el cierre del tiradero y se impidió el paso a los camiones de basura. La demanda no era reciente, hecha por los lugareños desde hacía doce años, en 1994. Represivo, el Gobernador envió a granaderos y al subsecretario de gobierno Rafael Martínez, para negociar tres meses de tregua y ofrecer lo imposible: la construcción de un relleno sanitario regional.
Se reabrió el basurero y el paso a los tortons rebosantes de basura. Tres meses duró la espera de los habitantes de Alpuyeca. En junio de ese 2006, los diputados se vieron presionados por el segundo cierre de la carretera y el 14 de junio aceptaron firmar la clausura definitiva del basurero del cerro de Milpilla, entregando un documento de cierre técnico por no cumplir con las normas adecuadas. Esto y más dieron pretexto a la privatización de la basura, y desde entonces motivo fundado a la sospecha de un negocio multimillonario… (Meleen después).
Por: José Manuel Pérez Durán
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