Momento de la Transparencia
El país avanzó mucho en materia de transparencia a partir del 2002, cuando se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Las leyes estatales se multiplicaron en los siguientes tres años. En 2003 Morelos tuvo su Ley. Surgió entre suspicacias y fuertes cuestionamientos. Sin embargo, esa lucha iniciada por la sociedad civil (grupo Oaxaca), mostró que es posible avanzar en temas en donde los gobiernos se oponen secreta o deliberadamente. Una experiencia que aportaría enseñanzas importantes para la sociedad.
Como resultado de ese caminar a través de los años, en 2007, se modificó el art. 6º Constitucional, estableciendo los principios y condiciones que deberían cumplir las legislaciones del país y niveles de gobierno. Esto obligó a los poderes a transparentar su actividad, el manejo de los recursos, las estrategias y los porqués de su actuar.
En el 2015 se publica la Ley General de Transparencia, que establece obligaciones y facultades de los organismos garantes a nivel federal y estatal, así como las facultades y derechos de los tres órdenes de gobierno. Los avances, aunque significativos, no eran suficientes para la urgente necesidad de combatir la plaga de la corrupción y la impunidad.
Morelos jugó un papel importante en el nacimiento de los órganos garantes de transparentar a las autoridades. La ley morelense que creó al órgano de transparencia IMIPE lo facultó a sancionar a aquellos sujetos obligados que no respondieran a lo ordenado por la nueva legislación. Morelos mostró la importancia de que la ley dotara al órgano garante de facultades de sanción, de dientes, como se solía decir. Hubo mucha resistencia por parte de los poderes y de las entidades autónomas.
Los medios de comunicación jugaron un papel relevante. Iniciaron una cascada de solicitudes de información que habría de poner en aprietos a los gobiernos, quienes estaban sumamente molestos por tener que mostrar la información y la obligación de entregarla a aquel que la solicitara.
Una contraofensiva se desencadenó ante la exhibición pública. Los sujetos obligados se amparaban contra las resoluciones. No obstante, los temas se fueron ampliando. La tecnología jugó un papel preponderante. Los archivos crecieron en importancia.
El avance, a la distancia, es impresionante. En el informe del INAI del 2019, el Sistema Nacional de Transparencia registró 279 948 solicitudes, de las cuales la mitad corresponden a la CDMX y (30%) y al Edo. de México (31%). Los solicitantes más frecuentes son los académicos, con un 38.7%, seguidos de empresarios con 19.2 % y la prensa con el 10%. Cifras nada despreciables que muestran el crecimiento del interés por la información en poder de la autoridad. Es menester señalar que estos tres sectores significan las dos terceras partes del total.
Entrar al sitio web del INAI es una interesante experiencia. Es amigable y tiene disponible toda la información y da una idea clara de lo importante de los temas que maneja: por qué proteger los datos personales; la Plataforma Nacional de Transparencia; Informes de labores; Infomex; Archivos; Resoluciones; Bibliografía; estadísticas y muchos temas más, que muestran el trabajo y la experiencia acumulada a través de tres lustros.
La Administración Pública ha tenido un enorme cambio a partir de la profesionalización de los temas relacionados con la Transparencia y la Rendición de Cuentas. Sin embargo, el gran salto para que cumpla con los objetivos, es la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde el sistema de transparencia juega un papel básico.
Los avances logrados, han sido paradójicamente descalificados por la actual Administración Federal. Han puesto en entredicho a las instituciones responsables de la operación del sistema de transparencia y el anticorrupción. Tanto a nivel nacional como en nuestro Estado, han surgido obstáculos desde las mismas autoridades: ataques frontales denostando a las instituciones, reducen los presupuestos o retrasan nombramientos de comisionados.
La información verídica y oportuna es la clave. La crisis por la que atraviesa el país y por supuesto Morelos en salud, economía e inseguridad, puede ser el detonador para que los sistemas Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas despeguen y cumplan con las tareas que les corresponden.
En Morelos, las entidades responsables de operar dichos sistemas, tendrán que tener altura de miras, pues el papel a jugar es de la mayor importancia: dar certeza a la gente que existen instancias que vigilan las estrategias para enfrentar la pandemia, la economía y la inseguridad.
Las instituciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción deberán estar a la altura de las circunstancias, de lo contrario se habrá perdido la oportunidad de garantizar a los morelenses que el esfuerzo que realiza en todos los ámbitos del quehacer cotidiano para sobrevivir, está siendo minuciosamente observado y que de no ser así, habrá consecuencias.
Ariel Homero López Rivera