Según datos obtenidos por MILENIO a través de la ley de Transparencia y Acceso a la Información, cerca de 4 mil individuos acusados de narcotráfico podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Esta situación refleja una realidad alarmante: seis de cada 10 reclusos en cárceles federales están vinculados a cárteles, siendo Los Zetas, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa los más prominentes entre ellos.
Hasta marzo de este año, se registraban 20 mil 628 personas confinadas en penales bajo administración federal. De este total, 11 mil 823 son miembros de la delincuencia organizada, lo que representa un 57 % de la población penitenciaria.
Los datos revelan que Los Zetas encabezan la lista como el grupo criminal con más miembros tras las rejas, seguido por los cárteles de Jalisco y Sinaloa. A pesar de que algunos de estos cárteles han perdido fuerza con el tiempo, la posibilidad de liberación de miles de acusados plantea preocupaciones sobre su reincorporación al crimen organizado.
Expertos, como Gerardo Rodríguez de la Universidad de las Américas Puebla, sugieren que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa no ocurrirá de manera abrupta, y que se requerirá un período de transición para establecer un nuevo modelo que garantice la seguridad pública.
El ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ha destacado la necesidad de contar con un sistema de medidas cautelares antes de abolir la prisión preventiva oficiosa, advirtiendo sobre los riesgos de liberar a presuntos delincuentes peligrosos sin un sistema de vigilancia adecuado.
Mientras tanto, la falta de un plan claro para manejar la posible liberación masiva de reclusos preocupa a las autoridades, quienes enfrentan el desafío de garantizar la seguridad pública mientras se promueven reformas en el sistema judicial y penitenciario del país.
