Iguala, Guerrero / Ciudad de México – Desde la noche del 26 de septiembre de 2014 hasta la madrugada del día siguiente, 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron tras un ataque en Iguala, Guerrero, mientras se dirigían a la Ciudad de México. Hasta hoy, el Estado mexicano no ha dado cuenta cierta de su paradero, y las madres, padres, compañeros y la sociedad exigen con firmeza que la consigna siga viva:
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos.”
Lo que pasó: versión oficial y cuestionamientos
Las pesquisas iniciales —denominadas “la verdad histórica”— establecieron que los normalistas fueron detenidos por policías municipales, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó e incineró en fosas clandestinas en Cocula.
Sin embargo, esta versión fue cuestionada por irregularidades: uso de pruebas obtenidas bajo tortura, ausencia de rastros concluyentes y la negativa de organismos internacionales para aceptar la narrativa oficial sin más evidencia.
Con el paso de los años, las investigaciones revelaron posibles omisiones y encubrimientos. En 2022, la Comisión de la Verdad definió los hechos como un “crimen de Estado”, apuntando la participación de autoridades de distintos niveles, incluidos miembros del Ejército, y señalando que el caso fue obstaculizado por la falta de acceso a documentos clave.
Asimismo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que enfrentaba bloqueo para acceder a información militar.
A la fecha, solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados parcialmente mediante restos óseos: Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Pero no hay certeza plena sobre su destino ni una explicación consistente sobre lo que ocurrió con los demás.
Cómo ha sido la respuesta política
Desde el inicio, el caso Ayotzinapa se convirtió en una crisis política de alto impacto. Movilizó protestas masivas en Guerrero, la Ciudad de México y otras entidades. Hubo reclamos contra los gobiernos estatales y federal, por denuncias de colusión entre autoridades, policías locales y carteles.
En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que retomaría la investigación “desde cero” para limpiar las supuestas irregularidades.
Pero los resultados han sido limitados. Muchas órdenes de aprehensión han sido anuladas o archivadas, y no ha habido sentencias firmes contra funcionarios o mandos señalados como responsables.
Un hito reciente es que, en junio de 2025, la Suprema Corte ordenó que la FGR publique una versión redactada del expediente del caso Ayotzinapa, para garantizar mayor transparencia.
También en 2025, llamó la atención la detención de Lambertina N., quien fue magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero en 2014. Se le acusa de desaparición forzada y de ordenar la destrucción de grabaciones de cámaras de vigilancia en el Palacio de Justicia de Iguala, que podrían contener evidencia clave.
Por otra parte, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien había sido absuelto del caso Ayotzinapa, fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de un funcionario local en otros casos, aunque su papel en la desaparición sigue sin claridad.
En 2025 también se ha reactivado la exigencia de extradición de implicados que huyeron a otros países, como Tomás Zerón (exdirector de la Agencia de Investigación Criminal) y Ulises Bernabé, ubicados en Israel y EE. UU. respectivamente. Las familias denuncian que esos procesos avanzan con lentitud.
Lo que ha ocurrido: protestas recientes y movilizaciones en 2025
Con motivo del 11.º aniversario de la desaparición, normalistas, colectivos, padres y madres llevaron a cabo acciones de protesta en Guerrero y la Ciudad de México.
El 22 de septiembre, en Chilpancingo, lanzaron explosivos artesanales, pintaron consignas en la 35 Zona Militar y bloquearon la Autopista del Sol. El Ejército respondió con gas lacrimógeno.
Al día siguiente, en Iguala, realizaron un mitin frente al 27 Batallón de Infantería, lanzando petardos y exigiendo la entrega de 800 folios del Ejército (señalados como documentos que podrían contener información relevante sobre la noche de la desaparición).
En la Ciudad de México, también se registraron protestas con acciones simbólicas, como rampear puertas de recintos militares con camiones y prender fuego, lo que revela la frustración social ante la persistencia de la impunidad.
El caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los episodios más dolorosos y simbólicos de la violencia y la impunidad en México. A 11 años, no se trata solo de averiguar la verdad: se trata de que las familias residan dignidad, que el Estado rinda cuentas y que la sociedad no olvide.
Como escribieron los colectivos de búsqueda y los padres de los estudiantes: esta lucha continúa hasta que resplandezca la justicia.