La reciente convocatoria para elegir a la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDH Morelos) ha encendido el debate público y despertado una mezcla de expectativas, desconfianza e indignación en diversos sectores de la sociedad civil. Se trata de un proceso clave para el estado, ya que de esta figura depende la vigilancia del respeto a los derechos humanos frente a los abusos de poder, la corrupción institucional y la discriminación. Sin embargo, lo que debiera ser un ejercicio de fortalecimiento democrático ha sido empañado por señales preocupantes: varios de los aspirantes a encabezar este órgano autónomo cuentan con carpetas de investigación abiertas, particularmente por peculado.
La elección del o la presidenta de la Comisión no es un asunto menor. La CEDH tiene entre sus funciones más relevantes la emisión de recomendaciones a autoridades que violen derechos fundamentales, la promoción de la cultura de los derechos humanos, así como la atención directa a víctimas. En un contexto Estatal donde los índices de violencia, desapariciones, feminicidios y abusos policiales no dejan de aumentar, se necesita a una persona al frente que no solo sea técnicamente capaz, sino éticamente intachable.
Uno de los aspectos positivos de este proceso es que, en teoría, está abierto a la participación ciudadana y contempla comparecencias públicas. Esta posibilidad de observar y evaluar a los aspirantes puede traducirse en una mayor transparencia, siempre y cuando no se convierta en una mera simulación. También es positivo que se esté exigiendo como requisito una trayectoria comprobable en materia de derechos humanos, aunque esto no ha impedido que perfiles cuestionables busquen el cargo.
El gran problema es que el proceso ha sido capturado por intereses políticos y personales. La presencia de candidatos con antecedentes judiciales o señalamientos por presuntos actos de corrupción —como fraudes administrativos, malversación de recursos o abuso de funciones cuando se desempeñaron en otros cargos— representa una afrenta directa a los principios que la Comisión debería defender. ¿Cómo puede una persona investigada por fraude encabezar una institución cuyo eje es la legalidad y la justicia?
No se trata de una cacería de brujas, sino de un llamado a la congruencia institucional. La ley no prohíbe expresamente que alguien con carpeta de investigación abierta participe, pero es un error ético y político permitirlo sin mayor escrutinio. La reputación, integridad y legitimidad moral deberían pesar más que cualquier recomendación política o cálculo partidista.
Otro punto preocupante es la falta de participación activa de la sociedad civil organizada en este proceso. Pese a que el Congreso del Estado es el órgano responsable de llevar a cabo la elección, es imprescindible que la ciudadanía, los medios, las universidades, los colectivos de víctimas y los organismos no gubernamentales se involucren y exijan estándares mínimos de honorabilidad, transparencia y compromiso.
La Comisión no puede convertirse en un premio de consolación o en una posición de blindaje para actores políticos en decadencia. Si se permite que alguien con antecedentes cuestionables llegue al cargo, se debilita la función pública y se manda un mensaje nefasto: que la impunidad también puede institucionalizarse desde las comisiones de derechos humanos.
Es momento de romper con la indiferencia. La elección de quien presida la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos compete a todos. Quienes vivimos en Morelos sabemos que la violencia estructural, la inseguridad y los abusos de poder no son ajenos, sino que forman parte de nuestra realidad cotidiana. Por eso, no podemos permitir que esta institución sea tomada por perfiles oscuros, por quienes ven el cargo como una plataforma de impunidad o una oportunidad de negocio.
Desde la trinchera ciudadana, tenemos el derecho y la responsabilidad de vigilar este proceso: de exigir transparencia, de consultar los antecedentes de cada aspirante, de acudir a las comparecencias públicas, de exigir que el Congreso justifique con argumentos sólidos su decisión final, y sobre todo, de no dejar que este proceso pase inadvertido. Porque lo que está en juego no es solo un nombramiento, sino el futuro de la defensa de nuestros derechos.
Morelos no necesita más simulaciones. Necesita instituciones sólidas, personas honorables al frente de ellas, y una ciudadanía activa que no se conforme con mirar desde la barrera. La defensa de los Derechos Humanos comienza desde la exigencia ética de quién los representa. ¿No cree usted?
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