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La huelga en los plan­te­les del CONALEP en More­los no es un con­flicto menor ni un asunto que pueda resol­verse con decla­ra­cio­nes. De acuerdo con lo que se ha seña­lado, el paro es resul­tado de la falta de pago de diver­sos con­cep­tos a los docen­tes. Detrás de esa demanda hay tra­ba­ja­do­res que exi­gen que se cum­plan sus dere­chos y estu­dian­tes que, mien­tras tanto, ven inte­rrum­pi­das sus cla­ses y su for­ma­ción.

Cuando un gobierno deja que un con­flicto labo­ral lle­gue a la huelga, algo falló antes: los pagos no se aten­die­ron a tiempo, la comu­ni­ca­ción no alcanzó para cons­truir acuer­dos o las auto­ri­da­des con­fia­ron en que el pro­blema se resol­ve­ría por sí solo. Nin­guna de esas posi­bi­li­da­des es acep­ta­ble cuando está en juego la edu­ca­ción de jóve­nes que acu­den a una ins­ti­tu­ción pública para pre­pa­rarse y abrirse camino.

La res­pon­sa­bi­li­dad no con­siste en des­ca­li­fi­car a los docen­tes ni en pedir­les que regre­sen a las aulas sin res­puesta. Con­siste en trans­pa­ren­tar qué con­cep­tos se adeu­dan, por qué no se han cubierto y cuándo se paga­rán. Si exis­ten dife­ren­cias sobre mon­tos o com­pro­mi­sos, deben ponerse sobre la mesa y resol­verse con fechas veri­fi­ca­bles. Man­te­ner la incer­ti­dum­bre sólo agrava la des­con­fianza y pro­longa el daño para los estu­dian­tes.

Este con­flicto se suma a otros pro­ble­mas que enfrenta More­los y obliga a mirar más allá de cada caso por sepa­rado. Un estado no puede aten­der de manera efi­caz sus res­pon­sa­bi­li­da­des si acu­mula ten­sio­nes en la edu­ca­ción, la segu­ri­dad y la gober­na­bi­li­dad. Cada pro­blema tiene cau­sas dis­tin­tas, pero todos exi­gen ins­ti­tu­cio­nes que res­pon­dan, fun­cio­na­rios que den la cara y deci­sio­nes que no se pos­ter­guen hasta que la pre­sión social haga ine­vi­ta­ble una solu­ción.

La situa­ción de Cuautla, por su parte, sigue siendo muy deli­cada. En su par­ti­ci­pa­ción ante el Con­greso del Estado, el fis­cal advir­tió sobre la fuerza de los gru­pos de la delin­cuen­cia orga­ni­zada que ope­ran en la región. Esa valo­ra­ción debe tomarse con serie­dad. No es una frase para el debate polí­tico ni una des­crip­ción que pueda archi­varse des­pués de una com­pa­re­cen­cia. Si las pro­pias auto­ri­da­des reco­no­cen la capa­ci­dad de esas orga­ni­za­cio­nes, la pre­gunta es ¿qué accio­nes con­cre­tas están empren­diendo para pro­te­ger a la pobla­ción y recu­pe­rar espa­cios para la ley?

¿Qué pode­mos hacer frente a un esce­na­rio así? Lo pri­mero es exi­gir res­pues­tas pre­ci­sas. En el caso del CONALEP, un informe público sobre los adeu­dos y un calen­da­rio de pago que pueda cum­plirse. En Cuautla, resul­ta­dos que se tra­duz­can en segu­ri­dad para quie­nes viven, tra­ba­jan y estu­dian en el muni­ci­pio; coor­di­na­ción entre auto­ri­da­des esta­ta­les y fede­ra­les, y una estra­te­gia que atienda tanto a quie­nes come­ten deli­tos como a las redes que les per­mi­ten ope­rar.

Tam­bién hace falta que el Con­greso dé segui­miento. Las com­pa­re­cen­cias tie­nen sen­tido cuando sus adver­ten­cias se con­vier­ten en pre­gun­tas, pla­zos y ren­di­ción de cuen­tas. No basta con escu­char que la situa­ción es grave. Hay que saber cuá­les ins­ti­tu­cio­nes están actuando, con qué recur­sos, qué avan­ces pre­sen­tan y cómo se pro­te­gerá a la pobla­ción mien­tras se com­bate a los gru­pos cri­mi­na­les.

La huelga y la inse­gu­ri­dad no son pro­ble­mas equi­va­len­tes, pero ambos reve­lan el costo de la falta de res­puesta. En uno, los docen­tes y los estu­dian­tes car­gan con las con­se­cuen­cias de pagos que no lle­gan. En el otro, una comu­ni­dad vive bajo la ame­naza de orga­ni­za­cio­nes cuya fuerza fue adver­tida por el pro­pio fis­cal. En los dos casos, el gobierno tiene la obli­ga­ción de expli­car qué hará y demos­trar que puede cum­plirlo, y a ello le agre­ga­mos que pudi­mos dar­nos cuenta de que la diri­gen­cia esta­tal de morena el par­tido en el poder no tie­nen cabeza ni rumbo.

More­los no nece­sita que sus auto­ri­da­des repi­tan que tra­ba­jan por la gente. Nece­sita una nueva diri­gen­cia del par­tido ofi­cial efi­caz. Nece­sita que paguen lo que deben, que nego­cien antes de que las aulas cie­rren y que enfren­ten la vio­len­cia con accio­nes sos­te­ni­das. Cuando los pro­ble­mas se acu­mu­lan y las solu­cio­nes no apa­re­cen, la pre­gunta deja de ser ¿quién tiene la culpa? y se vuelve más impe­ra­tiva: ¿quién está gober­nando y cuándo empe­zará a res­pon­der? ¿No cree usted?

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Sobre el autor

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Teodoro Lavín León
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