El problema del Instituto de Pensiones sigue creciendo y, mientras pasan los meses, también aumenta el enojo de los trabajadores y jubilados. El gobierno estatal ha logrado algunos acercamientos con quienes se presentan como representantes de asociaciones de pensionados, pero eso no significa que haya alcanzado un acuerdo con los sindicatos verdaderamente representativos. Por el contrario, los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los municipios y organismos autónomos, comienzan a reunirse y a cerrar filas. La inconformidad se extiende porque muchos sienten que el gobierno pretende negociar por separado, dividir a las organizaciones y presentar acuerdos parciales como si fueran una solución general.
El problema de fondo no es solamente financiero. También existe una evidente falta de capacidad política para negociar y, peor aún, una preocupante falta de creatividad. A los sindicatos no se les puede convocar únicamente para decirles que el dinero ya no alcanza. Esa no es una propuesta. Tampoco es responsabilidad de los jubilados que durante años los gobiernos no hayan creado reservas suficientes ni hayan corregido las deficiencias del sistema.
La realidad demográfica es inevitable. La antigua pirámide poblacional, que tenía una base amplia de jóvenes y una parte superior reducida de adultos mayores, está revirtiéndose. Cada vez existen menos trabajadores activos para sostener a un número creciente de jubilados. Antes, las familias tenían cinco, siete y hasta diez hijos; hoy muchas tienen uno o dos. En consecuencia, las aportaciones futuras serán insuficientes si se mantiene exactamente el mismo esquema.
Pero esa situación no se resuelve afectando a quienes ya están jubilados. Sus pensiones constituyen derechos adquiridos, y cualquier reforma deberá respetar el principio contenido en el artículo 14 constitucional, el que determina que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Quitarles prestaciones, reducirles el aguinaldo o modificar unilateralmente las condiciones bajo las cuales se jubilaron abriría un conflicto jurídico, social y político de enormes dimensiones.
La solución existe y no se necesita inventar el hilo negro. Puede construirse un instituto estatal que administre las aportaciones de los trabajadores bajo reglas claras, vigilancia permanente y transparencia absoluta. La experiencia del ISSSTE y de los sistemas de cuentas individuales ofrece elementos que pueden estudiarse y adaptarse a Morelos, sin copiarlos mecánicamente ni desconocer las condiciones particulares de los trabajadores estatales.
Los nuevos trabajadores podrían incorporarse a un régimen financiado mediante aportaciones personales y gubernamentales, con cuentas identificables y mecanismos que les permitan incrementar su ahorro dentro de porcentajes previamente establecidos. Para quienes ya se encuentran en servicio tendría que diseñarse un régimen de transición justo, negociado y respaldado por estudios actuariales. No se puede colocar en las mismas condiciones a quien acaba de ingresar que a quien lleva veinte, veinticinco o casi treinta años trabajando. Precisamente lo que tendría que discutirse con los sindicatos es cuánto aportará el trabajador, cuánto entregará el patrón, quién administrará los recursos, cómo se invertirán éstos, qué garantías existirán y cuáles serán los requisitos de jubilación. También debe establecerse quién vigilará el dinero para impedir que termine convertido en una caja chica del gobierno en turno.
El maestro Alfonso Vique, conocedor de la vida magisterial, me comentaba que existen experiencias acumuladas desde hace muchos años. Los maestros saben cómo evolucionaron sus sistemas de jubilación, cuáles fueron sus errores y qué alternativas se pusieron en práctica. Si fue posible negociar una transformación con el sindicato más grande de América Latina, con mayor razón debería ser posible construir un acuerdo con los trabajadores del estado de Morelos.
El conflicto ha crecido tanto que difícilmente habrá una solución improvisada durante el actual periodo legislativo. Sin embargo, todavía se puede abrir una negociación seria. Para ello se necesita sentar en la misma mesa a sindicatos, asociaciones, especialistas, organismos autónomos, municipios, Congreso y gobierno estatal. No se debe favorecer a unos, descalificar a otros ni utilizar amenazas para imponer una reforma.
Gobernar no consiste en anunciar que no hay dinero. Gobernar significa prever, negociar y encontrar soluciones. Quienes ocupan cargos públicos y reciben buenos salarios tienen la obligación de trabajar para los ciudadanos, actuar con serenidad y demostrar inteligencia política.
Todavía es posible resolver el problema de las pensiones, pero primero debe entenderse algo elemental: los jubilados no son enemigos del gobierno; son trabajadores que entregaron su vida al servicio público. Sus derechos deben respetarse y el futuro debe construirse mediante acuerdos, no mediante ocurrencias, divisiones ni imposiciones. ¿No cree usted?
Mi pésame más sincero a mi amiga Elvia Magdaleno por la perdida de su marido, y amigo mío, Joaquín, que en paz descanse. Un abrazo con cariño fraterno.
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