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El escán­dalo que envuelve al Ins­ti­tuto Nacio­nal Elec­to­ral no puede con­ver­tirse en una opor­tu­ni­dad para cul­par a toda la ins­ti­tu­ción ni para bus­car res­pon­sa­bles en un pasado remoto. Las pre­gun­tas deben diri­girse a quie­nes toma­ron deci­sio­nes con­cre­tas, a los con­tra­tos bajo sos­pe­cha y a la rela­ción que pudo exis­tir entre fun­cio­na­rios y pro­vee­do­res. La ren­di­ción de cuen­tas es indis­pen­sa­ble; usarla para des­viar la aten­ción, no.

Lo digo desde la expe­rien­cia: fui fun­da­dor del Ins­ti­tuto Fede­ral Elec­to­ral y tam­bién par­ti­cipé en la crea­ción del ins­ti­tuto esta­tal. Conozco ambos ámbi­tos y sé que una elec­ción fede­ral no es igual a una elec­ción local. Cada auto­ri­dad tiene atri­bu­cio­nes, res­pon­sa­bi­li­da­des y calen­da­rios dis­tin­tos. En mate­ria elec­to­ral, los tiem­pos no son un deta­lle admi­nis­tra­tivo: la ley esta­blece cuándo deben estar lis­tos los mate­ria­les, cómo se entre­gan y cómo se res­guar­dan.

Las bole­tas, las mam­pa­ras, las urnas y la docu­men­ta­ción elec­to­ral no se impro­vi­san. Se requiere capa­ci­dad téc­nica, segu­ri­dad y una logís­tica que per­mita cum­plir con fechas estric­tas. Por eso exis­ten pro­vee­do­res espe­cia­li­za­dos. Con­tra­tar a una empresa con capa­ci­dad para cum­plir no es, por sí solo, una irre­gu­la­ri­dad. El punto es si la con­tra­ta­ción fue trans­pa­rente, si hubo com­pe­ten­cia real y si se res­pe­ta­ron las reglas.

Desde hace años existe preo­cu­pa­ción por la con­cen­tra­ción de pro­vee­do­res de mate­ria­les elec­to­ra­les. La falta de com­pe­ten­cia puede abrir la puerta a pre­cios mani­pu­la­dos, mer­ca­dos repar­ti­dos y lici­ta­cio­nes coor­di­na­das. Esos posi­bles acuer­dos deben inves­ti­garse y com­pro­barse; no basta con seña­lar que hay pocas empre­sas, pero tam­poco se puede igno­rar el pro­blema.

Lo que hoy causa mayor preo­cu­pa­ción son los seña­la­mien­tos sobre la cer­ca­nía entre Gua­da­lupe Tad­dei, enton­ces pre­si­denta del INE, y el empre­sa­rio José Alfredo Her­nán­dez Casi­llas, vin­cu­lado con empre­sas pro­vee­do­ras. Se han difun­dido gra­ba­cio­nes en las que, según diver­sos repor­tes, apa­re­cen con­ver­sando sobre con­tra­tos y can­ti­da­des rela­cio­na­das con ellos. Esos mate­ria­les deben veri­fi­carse e inves­ti­garse. No sus­ti­tu­yen una sen­ten­cia, pero sí exi­gen res­pues­tas cla­ras.

El Órgano Interno de Con­trol informó que pre­sentó denun­cias pena­les ante la Fis­ca­lía Gene­ral de la Repú­blica con­tra fun­cio­na­rios, exfun­cio­na­rios y empre­sas por pro­ba­bles deli­tos rela­cio­na­dos con con­tra­ta­cio­nes. Corres­ponde a la Fis­ca­lía deter­mi­nar si hubo deli­tos y quié­nes son res­pon­sa­bles. Afir­mar cul­pa­bi­li­da­des antes de una inves­ti­ga­ción sería injusto; igno­rar las denun­cias tam­bién lo sería.

Está bien que las auto­ri­da­des elec­to­ra­les rin­dan cuen­tas y que los con­gre­sos lla­men a com­pa­re­cer a quie­nes corres­ponda. Pero cada ins­ti­tu­ción debe ser exa­mi­nada en el ámbito de su com­pe­ten­cia, y las pre­gun­tas tie­nen que diri­girse a los hechos. No es acep­ta­ble con­ver­tir una com­pa­re­cen­cia en un espec­tá­culo para bus­car cul­pa­bles en admi­nis­tra­cio­nes ante­rio­res mien­tras se dejan de lado los con­tra­tos y las deci­sio­nes actua­les.

El IFE nació en 1990 como un paso fun­da­men­tal para cons­truir elec­cio­nes orga­ni­za­das por una auto­ri­dad ciu­da­da­ni­zada. Des­pués, el sis­tema evo­lu­cionó hasta la crea­ción del INE y el for­ta­le­ci­miento de los orga­nis­mos loca­les. Esa his­to­ria no debe borrarse para jus­ti­fi­car inter­ven­cio­nes del gobierno en ins­ti­tu­cio­nes que requie­ren auto­no­mía.

Inves­ti­gar irre­gu­la­ri­da­des no debi­lita al INE. Lo debi­li­tan la opa­ci­dad, los con­flic­tos de inte­rés y la falta de con­se­cuen­cias. Hay que escla­re­cer quién auto­rizó los con­tra­tos, quién pudo influir en las deci­sio­nes y si alguien obtuvo bene­fi­cios inde­bi­dos. Si se com­prue­ban fal­tas, que haya san­cio­nes. La con­fianza no se recu­pera repar­tiendo cul­pas hacia atrás, sino inves­ti­gando con rigor las res­pon­sa­bi­li­da­des de hoy.¿No cree usted?.

Las opi­nio­nes ver­ti­das en este espa­cio son exclu­siva res­pon­sa­bi­li­dad del autor y no repre­sen­tan, nece­sa­ria­mente, la polí­tica edi­to­rial de Grupo Dia­rio de More­los.

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Sobre el autor

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Teodoro Lavín León
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