Se ha abierto un serio foco de atención ciudadana y mediática en torno al funcionamiento de la ESAF, la institución responsable de auditar el uso de los recursos públicos en organismos estatales, municipales y entes descentralizados. Al centro de este escándalo figura el titular de la ESAF, José Blas Cuevas Díaz, quien es señalado en una investigación periodística de mantener vínculos empresariales y omisiones de declaración patrimonial mientras ocupa un cargo clave en la rendición de cuentas del estado.
Cuevas Díaz asumió el encargo del despacho de la ESAF el 16 de diciembre de 2022 y fue ratificado como titular el 12 de diciembre de 2023 por el Congreso de Morelos. La ESAF tiene entre sus atribuciones revisar los recursos públicos del gobierno estatal, los 36 municipios, organismos públicos y algunos entes mixtos. Por tanto, su titular está en una posición de gran influencia en la fiscalización del gasto público y en la lucha contra la corrupción.
La investigación señala que Cuevas Díaz omitió declarar su participación en sociedades o empresas cuando presentó su declaración patrimonial y de intereses en febrero de 2023. En dicha declaración marcó que “ninguno” participaba en empresas, sociedades o asociaciones. Sin embargo, los registros públicos revelan que era socio, apoderado o comisario en al menos 19 empresas privadas, y que varias de esas empresas tuvieron contratos con entidades gubernamentales que la ESAF auditaría. Por ejemplo, una de las direcciones vinculadas está en la avenida Plan de Ayala 426 en Cuernavaca, donde se ubica el despacho “Defensa Contable y Fiscal” del que fue socio Cuevas Díaz.
Según los datos del reporte de investigación, al menos ocho de las empresas vinculadas a Cuevas Díaz o a su círculo familiar lograron contratos con dependencias estatales entre 2020 y 2025, por al menos 163 millones de pesos. Éstas incluyen compañías como Mantenimiento Proyectos y Ecología S.A. de C.V., Comermor Especialistas S.A. de C.V., SXXI Construcciones S.A. de C.V., Edda Diseño S.A. de C.V., Alico Altamira Infraestructura y Construcción S.A. de C.V., Comercializadora Alvamor S. de R.L. de C.V., Bros Latinoamérica S.A. de C.V. y Paisaje y Estructura S.A. de C.V. Por ejemplo, Bros Latinoamérica obtuvo contratos por un monto de 84.7 millones de pesos con los Servicios de Salud de Morelos durante los años 2020, 2023 y 2025.
Además del conflicto de intereses, otro gran problema señalado es que la ESAF ha permitido vencimientos de plazos legales para concluir auditorías, lo que impide que se finquen responsabilidades administrativas o penales por presunto mal uso de recursos públicos. Un informe de la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos señala, por ejemplo, que las auditorías del ejercicio 2022 para el Poder Judicial se encontraban en un avance de apenas 30%, cuando ya había vencido el término legal. Este tipo de omisiones debilita la vigilancia sobre los gobiernos municipales y estatales y fomenta la percepción de impunidad.
Como reacción al escándalo, el propio Congreso de Morelos ha nombrado a una nueva titular del Consejo de Vigilancia del organismo, Jeniffer Pulgarín Martínez, con el mandato de revisar los posibles conflictos de interés y omisiones en la ESAF. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Isaac Pimentel Mejía, admitió que aunque no hay denuncias formales hasta el momento más allá del reportaje, se trabaja para “abatir los rezagos” en auditorías pendientes y fortalecer el organismo.
Para la gente de Morelos, este asunto es relevante por varias razones. La ESAF es el ente que vela porque los recursos públicos —que provienen de impuestos, participaciones federales o aportaciones estatales— se empleen adecuadamente, sin desvíos ni corrupción, cuando su titular tiene vínculos empresariales no declarados o atrasos en auditorías. Así, la confianza ciudadana en la rendición de cuentas se erosiona, pues los contratos que las empresas ligadas ganaron significan montos importantes que pudieron haber sido objeto de mala asignación, conflictos de intereses o favoritismos; y la demora o falta de auditorías permite que las irregularidades cumplan su ciclo sin consecuencias, alimentando la percepción de impunidad y debilitando la fiscalización democrática.
Aunque los reportajes plantean evidencias de la red de empresas y de omisiones de declaración patrimonial, no se ha informado públicamente de una denuncia penal formal contra Cuevas Díaz hasta el momento. Queda pendiente que el nuevo Consejo de Vigilancia de la ESAF determine si procede una investigación interna, y que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (o instancia equivalente) decida iniciar actuaciones por posibles delitos como conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de bienes, que la ley define como posibles faltas graves.
El escándalo que involucra a José Blas Cuevas Díaz y la ESAF de Morelos representa un momento crítico para la rendición de cuentas en el estado. No se trata sólo de señalar a un posible funcionario que actuó bajo conflicto de intereses, sino de ver cómo una institución clave para auditar el uso del dinero público puede perder eficacia ante omisiones o vínculos poco transparentes. Para que la ciudadanía recupere confianza, será necesario que estas investigaciones avancen con resultados tangibles: declaraciones patrimoniales completas, auditorías concluidas, sanciones si hay faltas, y un reforzamiento institucional que evite que la fiscalización se convierta en un trámite sin dientes. Morelos necesita más que promesas, exige claridad, responsabilidad y que el control del gasto público no sea escenario de tratos entre amigos. ¿No cree usted?
Una muy calurosa felicitación a mi amiga Lya Gutierrez Quintanilla, Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica en el estado, porque en fecha próxima recibirá la Venera Cuernavaca que otorga el Ayuntamiento de la capital del estado, y de la misma manera, parabienes a mi amiga la extraordinaria escultora Uly, que también recibirá el día 16 la Venera Cuernavaca.