Mucho se habló, muchas conferencias de prensa se ofrecieron y muchas promesas se hicieron después de los feminicidios de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En aquellos días de indignación, marchas y protestas, el gobierno estatal presentó el Plan Integral de Seguridad Universitaria como una respuesta firme ante el miedo de miles de jóvenes y sus familias.
La promesa fue incluso mayor de lo que algunos recuerdan: se anunciaron cinco mil cámaras de videovigilancia, tres mil dentro de las instalaciones universitarias y dos mil en sus alrededores. También se ofrecieron mil luminarias solares, módulos de seguridad, postes de monitoreo inteligente conectados al C5, paraderos seguros y elementos de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar.
La gobernadora Margarita González Saravia y la rectora Viridiana Aydeé León Hernández firmaron el 23 de marzo un convenio para poner en marcha el plan. Se aseguró que habría coordinación, prevención, infraestructura y respeto a la autonomía universitaria. Sin embargo, seis meses después, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿qué se hizo realmente y qué falta por hacer?
El propio gobierno informa ahora que se instalaron mil 038 cámaras en 23 planteles de seis universidades públicas. De ellas, 749 fueron destinadas a la UAEM; 123 al campus Chamilpa y 87 a Los Belenes. También reporta 450 luminarias, diez paraderos y cuatro módulos de vigilancia.
Estas cifras representan un avance, pero también abren una diferencia demasiado grande frente a la promesa original. Si se anunciaron cinco mil cámaras y solamente se reportan mil 038, ¿dónde están las tres mil 962 restantes? ¿La primera cifra sigue vigente o fue modificada? ¿Se trata apenas de una primera etapa? Si es así, ¿cuándo comienzan las siguientes y cuándo concluirá el programa?
También debe aclararse algo elemental: no es lo mismo comprar cámaras, entregarlas, colocarlas y tenerlas funcionando. La comunidad universitaria necesita saber cuántas están operando en este momento, en qué lugares se encuentran, quién observa las imágenes, durante cuánto tiempo se conservan las grabaciones y qué protocolo se activa cuando una cámara detecta una situación de riesgo.
Es necesario conocer, además, si las cámaras exteriores están conectadas al C5, como se ofreció, y quién vigila las instaladas dentro de los campus. ¿Existe un centro de monitoreo universitario las 24 horas? ¿Hay personal suficiente y capacitado? ¿Las imágenes pueden compartirse de inmediato con la Fiscalía cuando ocurre un delito? ¿Quién responde si un equipo deja de funcionar?
La autonomía universitaria no puede convertirse en pretexto para que el gobierno se desentienda de los alrededores de las escuelas, ni para que la Rectoría evite rendir cuentas sobre lo que sucede dentro de ellas. Ambas autoridades firmaron el convenio y ambas deben informar sobre sus responsabilidades.
Pedir una identificación al ingresar al campus puede ayudar a controlar el acceso, pero no constituye por sí solo una estrategia integral de seguridad. Tampoco basta con instalar cámaras si no existen iluminación suficiente, transporte seguro, botones de auxilio, vigilancia en los trayectos, atención rápida a las denuncias y protocolos serios frente al acoso, la violencia sexual y la desaparición de estudiantes.
La seguridad universitaria tampoco puede reducirse a vigilar puertas. Muchos de los riesgos están en los caminos que recorren los alumnos, en los paraderos, en el transporte público, en las calles oscuras y en las zonas cercanas a los planteles. Precisamente por eso se prometieron dos mil cámaras exteriores y mil luminarias. ¿Cuántas de esas cámaras ya están colocadas? ¿En qué municipios? ¿Cuántas luminarias funcionan y con qué criterios se eligieron los puntos atendidos?
Después de nuevos hechos de violencia contra alumnas de la UAEM, estas preguntas no son un capricho ni una crítica partidista. Son una exigencia de rendición de cuentas. Las familias merecen saber si el programa anunciado con tanta publicidad existe plenamente, si avanza con retraso o si quedó reducido respecto de su planteamiento original.
Sería conveniente que el gobierno estatal y la Rectoría presentaran juntos un informe público, plantel por plantel, con el número de cámaras prometidas, adquiridas, instaladas y activas; el costo total de los equipos; los contratos celebrados; la ubicación de luminarias, postes, paraderos y módulos; los responsables del monitoreo, y el calendario para cumplir lo pendiente.
No se trata de exigir que las autoridades revelen información que facilite la acción de los delincuentes. Se trata de conocer metas, avances, responsabilidades y resultados. También debería existir un mecanismo independiente para verificar periódicamente que los equipos continúan funcionando.
Cuando ocurrió la crisis, las autoridades hablaron fuerte y ofrecieron soluciones amplias. Ahora deben hablar con la misma claridad para explicar qué cumplieron. La seguridad de los universitarios no puede depender de conferencias de prensa celebradas durante una emergencia y olvidadas cuando baja la presión pública.
La pregunta queda abierta y exige una respuesta puntual: ¿qué pasó con el Plan Integral de Seguridad Universitaria y cuándo se cumplirá completo? Porque entre anunciar cinco mil cámaras y reportar mil 038 existe una diferencia que no puede desaparecer detrás de otra conferencia de prensa. ¿No cree usted?
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