Vivencias Ciudadanas: Pensiones: El diálogo que no puede simularse

El pro­blema de las pen­sio­nes en More­los dejó de ser sola­mente finan­ciero y jurí­dico. Hoy es, ante todo, un pro­blema polí­tico, y uno que puede cre­cer de manera peli­grosa si el gobierno insiste en con­fun­dir reu­nio­nes par­cia­les con una nego­cia­ción ver­da­dera. El secre­ta­rio de Gobierno, Edgar Mal­do­nado Ceba­llos, y el secre­ta­rio de Admi­nis­tra­ción y Finan­zas, Jorge Sala­zar Acosta, han sos­te­nido encuen­tros con repre­sen­tan­tes de algu­nas orga­ni­za­cio­nes. Sin embargo, los diri­gen­tes de los sin­di­ca­tos con mayor peso y capa­ci­dad de movi­li­za­ción no se sien­ten repre­sen­ta­dos en esos acuer­dos ni con­si­de­ran que exista una mesa seria en la que pue­dan inter­ve­nir en las deci­sio­nes de fondo.

Ése es el punto cen­tral. Un gobierno puede reu­nirse con muchas per­so­nas, tomarse foto­gra­fías y anun­ciar avan­ces, pero eso no sig­ni­fica nece­sa­ria­mente que haya cons­truido un acuerdo. En un con­flicto labo­ral importa tanto el número de reu­nio­nes como la repre­sen­ta­ti­vi­dad de quie­nes se sien­tan a la mesa. Si los sin­di­ca­tos más fuer­tes de los pode­res Eje­cu­tivo, Legis­la­tivo y Judi­cial per­ma­ne­cen fuera, cual­quier enten­di­miento será incom­pleto y, tarde o tem­prano, ter­mi­nará por des­co­no­cerse.

La crea­ción de un Ins­ti­tuto de Pen­sio­nes y Jubi­la­cio­nes no es un asunto menor ni puede tra­tarse como una sim­ple modi­fi­ca­ción admi­nis­tra­tiva. Se pre­tende cam­biar la forma en que el Estado aten­derá obli­ga­cio­nes que se cons­tru­ye­ron durante déca­das. Ahí están invo­lu­cra­dos el patri­mo­nio, la segu­ri­dad eco­nó­mica y el futuro de miles de tra­ba­ja­do­res acti­vos, jubi­la­dos y sus fami­lias. Por ello, inten­tar crear el orga­nismo sin la par­ti­ci­pa­ción efec­tiva de los sin­di­ca­tos no sólo sería un error de pro­ce­di­miento: sería una impru­den­cia polí­tica.

El gobierno sos­tiene que no existe toda­vía una ini­cia­tiva con­cluida y que los dere­chos adqui­ri­dos serán res­pe­ta­dos. Esas son afir­ma­cio­nes impor­tan­tes, pero ya no basta con repe­tir­las. Si se quiere recu­pe­rar la con­fianza, deben con­ver­tirse en com­pro­mi­sos veri­fi­ca­bles: pre­sen­tar el diag­nós­tico finan­ciero com­pleto, entre­gar un estu­dio actua­rial inde­pen­diente, expli­car de dónde pro­ven­drán los recur­sos del nuevo orga­nismo, garan­ti­zar por escrito la no retroac­ti­vi­dad y esta­ble­cer con cla­ri­dad quién admi­nis­trará el dinero y cómo será vigi­lado.

Los tra­ba­ja­do­res tie­nen dere­cho a saber si el ins­ti­tuto con­tará con patri­mo­nio sufi­ciente o si sola­mente se pre­tende tras­la­dar el défi­cit a una nueva ofi­cina. Tam­bién deben cono­cer si habrá cuo­tas adi­cio­na­les, modi­fi­ca­cio­nes en la edad o los años de ser­vi­cio, topes dis­tin­tos, cam­bios en el agui­naldo o res­tric­cio­nes futu­ras. Mien­tras esas pre­gun­tas no sean con­tes­ta­das con docu­men­tos, seguirá cre­ciendo la sos­pe­cha de que pri­mero se quiere crear el orga­nismo y des­pués defi­nir las reglas. Así no se cons­truye con­fianza.

Tam­bién es nece­sa­rio dis­tin­guir entre dere­chos y abu­sos. Defen­der a quie­nes tra­ba­ja­ron durante treinta años o más no sig­ni­fica pro­te­ger jubi­la­cio­nes obte­ni­das con anti­güe­da­des infla­das, docu­men­tos dudo­sos o unos cuan­tos años en car­gos públi­cos. Las pen­sio­nes irre­gu­la­res deben inves­ti­garse y, cuando exis­tan ele­men­tos, anu­larse mediante pro­ce­di­mien­tos lega­les. Pero la falta de dinero del gobierno no puede car­garse sobre quie­nes cum­plie­ron con todos los requi­si­tos. Una cosa es cerrar la puerta a los pri­vi­le­gios y otra muy dis­tinta redu­cir dere­chos legí­ti­ma­mente adqui­ri­dos.

Lo más preo­cu­pante es la falta de capa­ci­dad de nego­cia­ción polí­tica. Las secre­ta­rías de Gobierno y de Admi­nis­tra­ción y Finan­zas debe­rían estar cons­tru­yendo una ruta de enten­di­miento con los inter­lo­cu­to­res difí­ci­les, no úni­ca­mente con quie­nes están dis­pues­tos a escu­char o acep­tar acuer­dos par­cia­les. La fun­ción de la polí­tica inte­rior con­siste pre­ci­sa­mente en sen­tar a quie­nes pien­san dis­tinto, reco­no­cer su fuerza, encon­trar coin­ci­den­cias y evi­tar que el con­flicto lle­gue a las calles. Nego­ciar con los cer­ca­nos es sen­ci­llo; gober­nar exige nego­ciar con quie­nes tie­nen capa­ci­dad real para opo­nerse.

El momento, ade­más, no podría ser más deli­cado. Aun­que el INE fijó para el 10 de sep­tiem­bre el ini­cio for­mal del pro­ceso elec­to­ral fede­ral 2026-2027, la cuenta regre­siva polí­tica ya comenzó. El pró­ximo año se reno­vará la Cámara de Dipu­ta­dos y las deci­sio­nes de los gobier­nos serán eva­lua­das en las urnas. En More­los, donde tam­bién esta­rán en juego pre­si­den­cias muni­ci­pa­les, dipu­ta­cio­nes y otros espa­cios de poder, cual­quier con­flicto con miles de tra­ba­ja­do­res y jubi­la­dos ten­drá con­se­cuen­cias elec­to­ra­les.

Sería un grave error pen­sar que el pro­blema se limita a los diri­gen­tes sin­di­ca­les. Detrás de cada tra­ba­ja­dor hay una fami­lia, y alre­de­dor de cada sin­di­cato existe una red social y polí­tica. Una movi­li­za­ción, un paro de ofi­ci­nas o una pro­testa pro­lon­gada no sólo afec­ta­ría la ope­ra­ción guber­na­men­tal; tam­bién refor­za­ría la per­cep­ción de un gobierno que no escu­cha y que pre­tende impo­ner deci­sio­nes. Cuando empieza la com­pe­ten­cia elec­to­ral, esa ima­gen pesa más que cual­quier cam­paña publi­ci­ta­ria.

Toda­vía hay tiempo para corre­gir el rumbo. La gober­na­dora Mar­ga­rita Gon­zá­lez Sara­via debe orde­nar una mesa única, pública en sus acuer­dos y ver­da­de­ra­mente repre­sen­ta­tiva, en la que par­ti­ci­pen los sin­di­ca­tos de mayor pre­sen­cia, los tra­ba­ja­do­res jubi­la­dos, espe­cia­lis­tas actua­ria­les, el Con­greso y los tres pode­res. No se trata de entre­gar­les el con­trol de las finan­zas públi­cas, sino de reco­no­cer que nin­guna reforma será via­ble si nace sin legi­ti­mi­dad.

El Ins­ti­tuto de Pen­sio­nes puede ser nece­sa­rio para garan­ti­zar el futuro del sis­tema, pero sólo ten­drá posi­bi­li­da­des de fun­cio­nar si surge de infor­ma­ción trans­pa­rente, reglas cla­ras y un acuerdo amplio. Crearlo sin los sin­di­ca­tos sería fabri­car, desde el gobierno, una cri­sis polí­tica inne­ce­sa­ria. Y hacerlo cuando el pro­ceso elec­to­ral está por comen­zar sería, ade­más de una tor­peza admi­nis­tra­tiva, un cos­toso error elec­to­ral. ¿No cree usted?

Las opi­nio­nes ver­ti­das en este espa­cio son exclu­siva res­pon­sa­bi­li­dad del autor y no repre­sen­tan, nece­sa­ria­mente, la polí­tica edi­to­rial de Grupo Dia­rio de More­los.