A un año de haber asumido el cargo, la gobernadora Margarita González Saravia rindió su primer informe de gobierno mostrando un desempeño que combina logros concretos y desafíos que aún persisten. El balance deja ver que el rumbo buscado apunta hacia la transformación social, la seguridad y la recuperación económica, pero también evidencia las dificultades estructurales que Morelos enfrenta.
Uno de los ejes más promocionados por la administración ha sido reforzar la seguridad. Durante su primer año se creó la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se implementó la Policía Turística y se instaló la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz. También se realizó un incremento salarial a policías, se entregaron patrullas nuevas, se adquirieron ambulancias y se activaron programas como Viaja Segura, además de iniciativas contra la violencia hacia las mujeres como Código Violeta. Tales esfuerzos buscan recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
Se destaca un impulso significativo a programas sociales. Por ejemplo, el programa Corazón de Mujer atiende a mujeres de entre 55 y 59 años, un sector históricamente poco visibilizado. También se han dado apoyos especiales a comunidades indígenas y grupos vulnerables, y se ha buscado fortalecer la equidad en los servicios públicos.
El gobierno ha trabajado para activar varios frentes económicos y se han canalizado inversiones sustantivas al sector agropecuario (unos 700 millones de pesos), se reactivó el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca con más de 105 millones de pesos, y se han promovido sectores estratégicos como el tecnológico, farmacéutico y agroindustrial con inversiones que superan los dos mil millones de pesos. Esto sugiere una apuesta por diversificar la economía estatal e incrementar la competitividad.
En los primeros 100 días la administración anunció y ejecutó mil acciones distribuidas en cinco ejes: seguridad, justicia, bienestar, economía, y gobierno cercano. Entre los avances tempranos se cuentan la entrega de patrullas, reorganización del sistema penitenciario, instalación de cámaras lectoras de placas en la autopista Cuernavaca-Acapulco, y visitas a las siete regiones del estado para impulsar mesas de seguridad e interlocución directa con la ciudadanía.
Ha sido parte de la narrativa del gobierno la exigencia de cuentas claras, incluyendo denuncias por 40 millones de pesos de presunto mal uso de recursos por la administración anterior. Se han activado instancias de fiscalización, se ha anunciado que no habrá “improvisaciones ni excusas” para irregularidades, y se busca recuperar los recursos que se hayan manejado indebidamente. El problema es que falta un trabajo real en la Fiscalía Anticorrupción, que desde su fundación no ha funcionado.
Existe una crisis estructural de liquidez. Los ingresos propios no resultan suficientes para cubrir todas las obligaciones operativas, las demandas sociales, los servicios públicos y los compromisos adquiridos. Se depende de transferencias federales o de financiamiento extra para completar el presupuesto.
Aunque hay programas hacia comunidades indígenas y grupos marginados, muchas localidades rurales siguen enfrentando déficits en acceso a agua potable, servicios médicos, infraestructura educativa, electrificación y transporte. Estas brechas territoriales hacen que la transformación avance lento en algunas regiones. (Aquí los datos relativos al campo muestran que los costos de insumos, servicios, y problemas de precio siguen afectando a campesinos).
Para que el segundo año de gobierno consolide los avances, estas serían medidas estratégicas:
Mejorar la eficacia de la seguridad con seguimiento riguroso de indicadores y mayor coordinación municipal-estatal-federal. Que las mesas de seguridad no sean sólo interlocución, sino generadoras de resultados tangibles en reducción de delitos, procesos judiciales y reinserción social.
Fortalecer los ingresos estatales, diversificar las fuentes, mejorar la recaudación, reducir fugas o pérdidas fiscales, para disminuir la dependencia de apoyos externos.
Políticas focalizadas para lograr igualdad territorial, asegurando que zonas rurales marginadas tengan acceso a servicios básicos, infraestructura, salud y educación. Programas que no sólo sean transferencias, sino inversión estratégica.
Una respuesta decidida a la violencia de género con protocolos de atención, justicia efectiva, prevención desde la educación, protección efectiva a víctimas y sanciones.
Rendición de cuentas transparentes, auditorías reales publicadas, seguimiento ciudadano del uso del presupuesto y cumplimiento de compromisos. Que la transparencia no sea solo un eslogan, sino una práctica cotidiana.
En suma, el primer año del gobierno de Margarita González Saravia deja señales positivas de transformación en Morelos con reformas institucionales, inversión social, atención de necesidades urgentes y promesas de justicia, seguridad y bienestar. El éxito del próximo año dependerá en buena medida de no bajar el ritmo, de hacer más visibles los beneficios, de garantizar justicia real para quienes están más desprotegidos, y de construir una administración eficiente y transparente, en la que exista la participación ciudadana. ¿No cree usted?
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