Amenos de un año del inicio formal del proceso electoral que culminará en 2027, Morelos enfrenta una de las etapas políticas más complejas de los últimos años. La llamada Operación Enjambre, que ha derivado en investigaciones, detenciones y señalamientos contra funcionarios municipales, dejó descabezados a varios ayuntamientos y abrió una profunda discusión sobre los niveles de infiltración de la delincuencia organizada en algunas estructuras de gobierno.
El resultado inmediato ha sido una creciente incertidumbre política. Los partidos políticos, lejos de concentrarse en la construcción de propuestas para responder a los problemas de la ciudadanía, parecen más preocupados por las disputas internas, los acomodos de grupos y la definición anticipada de candidaturas. Las diferencias entre corrientes y liderazgos se hacen cada vez más evidentes, mientras la población observa con preocupación un escenario que parece alejarse de las necesidades reales del estado.
En medio de este panorama destaca una figura que, guste o no, mantiene una intensa actividad pública. La gobernadora recorre diariamente municipios, inaugura obras, supervisa programas sociales y encabeza reuniones de trabajo prácticamente todos los días. Nadie puede afirmar seriamente que se trata de una mandataria ausente. Por el contrario, su agenda pública es una de las más activas que ha tenido un gobernador morelense en los últimos años. Sin embargo, existe una percepción que comienza a extenderse entre amplios sectores de la sociedad, la de una gobernadora que trabaja prácticamente sola.
El problema no parece estar en la falta de actividad de la titular del Ejecutivo, sino en la ausencia de un equipo capaz de respaldar y consolidar el trabajo realizado. Con frecuencia ocurre que una obra es inaugurada, un programa es anunciado o una acción gubernamental es presentada con entusiasmo, pero una vez que concluye el evento oficial, el seguimiento desaparece. Los funcionarios responsables no mantienen el ritmo de trabajo, la supervisión disminuye y, poco a poco, los beneficios esperados terminan diluyéndose. Esto provoca que muchos esfuerzos gubernamentales pierdan impacto. La ciudadanía observa inauguraciones y anuncios, pero después encuentra obras inconclusas, servicios deficientes o compromisos que no avanzan al ritmo prometido. En consecuencia, la percepción pública se deteriora y el desgaste político recae principalmente sobre la figura de la gobernadora, aunque la responsabilidad de ejecutar y dar continuidad a las acciones corresponde también a secretarios, directores, coordinadores y funcionarios de distintos niveles.
La administración estatal enfrenta además el desafío más importante para cualquier gobierno, el de la seguridad pública. A pesar de los esfuerzos realizados, de los cambios en las estrategias y de la coordinación con fuerzas federales, los resultados aún no logran traducirse en una sensación de tranquilidad para la población. Los homicidios continúan ocupando espacios en los medios de comunicación prácticamente todos los días. Los hechos violentos siguen apareciendo en diversas regiones del estado y la percepción de inseguridad permanece elevada.
Es cierto que la violencia y la presencia de grupos criminales no son fenómenos recientes. Se trata de problemas acumulados durante muchos años y heredados por distintas administraciones. Sin embargo, para los ciudadanos esa explicación resulta insuficiente cuando los delitos continúan afectando su vida cotidiana.
La gente quiere resultados. Quiere poder salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y transitar por las calles sin temor. Quiere ver que las instituciones recuperan el control de los territorios y que quienes cometen delitos enfrentan consecuencias reales.
Hoy la principal preocupación de los morelenses sigue siendo la inseguridad. Por encima de las disputas partidistas, de los posicionamientos electorales y de las estrategias de comunicación, la demanda ciudadana se concentra en recuperar la paz y el orden.
Morelos atraviesa un momento decisivo. Los municipios enfrentan crisis políticas, los partidos viven confrontaciones internas y el gobierno estatal debe responder simultáneamente a problemas financieros, sociales y de seguridad. En ese contexto, la imagen de una gobernadora trabajando sin el respaldo suficiente de parte de algunos integrantes de su equipo no contribuye a fortalecer la confianza ciudadana.
La solución requiere algo más que actos públicos y discursos. Se necesita un gabinete comprometido, funcionarios que asuman responsabilidades y una estructura gubernamental que acompañe con eficacia el trabajo de quien encabeza la administración estatal porque, cuando un gobierno parece depender únicamente de una persona, el problema no es la falta de liderazgo. La percepción ciudadana es la ausencia de un equipo capaz de estar a la altura de las circunstancias que exige Morelos. ¿Usted como lo ve?