La seguridad pública no puede entenderse únicamente desde la perspectiva del combate al crimen organizado. También comienza en las calles, en las carreteras y en el respeto a las normas de tránsito que, cuando se ignoran, terminan costando vidas. Por eso, resulta positiva la decisión de la Guardia Nacional de reforzar los operativos mediante el programa de vigilancia en carreteras durante esta temporada.
Toda acción encaminada a prevenir accidentes y reducir el número de víctimas merece ser reconocida. Sin embargo, mientras las carreteras federales reciben mucha atención, dentro de nuestras propias ciudades parece haber un verdadero caos. En Cuernavaca, particularmente en la zona norte y muy cerca del centro histórico, el desorden vial es evidente y cotidiano.
Basta recorrer unas cuantas calles para observar motocicletas circulando con dos, tres y hasta cuatro personas a bordo. Lo más preocupante es que, en muchos casos, viajan niños pequeños sin casco protector, completamente expuestos a una tragedia que podría evitarse con la simple aplicación de la ley. Las estadísticas demuestran que el casco salva vidas. Un impacto a baja velocidad puede provocar lesiones permanentes o incluso la muerte de un menor. Aun así, parece que esta realidad no preocupa a las autoridades responsables de hacer cumplir el reglamento. La Dirección de Movilidad y Transporte tiene la obligación de supervisar que los vehículos circulen conforme a la normatividad vigente.
Las corporaciones de tránsito, por su parte, deberían garantizar el orden y prevenir accidentes. No obstante, la percepción ciudadana es muy distinta. Son numerosos los automovilistas que consideran que los operativos de tránsito se concentran más en sancionar a quienes portan placas de otros estados que en corregir las infracciones que diariamente ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Cuando la autoridad deja de aplicar la ley de manera uniforme, surge la sensación de impunidad. Quien observa que otros violan constantemente el reglamento sin consecuencia alguna, termina pensando que respetar las normas es opcional. Ese es uno de los mayores peligros que hoy enfrenta la movilidad en la capital morelense. A esto se suma otro problema que cada vez genera mayor preocupación: en algunas colonias son los propios vecinos organizados quienes intentan suplir la ausencia de la autoridad mediante rondas o grupos de vigilancia. Si bien la participación ciudadana es importante, nunca debe sustituir las funciones que corresponden legalmente a las instituciones de seguridad.
El riesgo de abusos, confrontaciones o excesos siempre estará presente cuando el Estado deja espacios vacíos. En materia de transporte público, tampoco puede hablarse de buenas noticias. Los concesionarios volvieron a demostrar que mantienen una enorme capacidad de presión frente al gobierno. Después del incremento autorizado a las tarifas, bajo el compromiso de modernizar las unidades y mejorar el servicio, los resultados simplemente no aparecen. Los usuarios continúan utilizando vehículos antiguos, con múltiples deficiencias mecánicas y sin que exista una transformación visible del parque vehicular. La imagen que queda es la de un gobierno que fue rebasado por los intereses del transporte organizado.
Los compromisos asumidos no se cumplieron y quienes terminaron pagando fueron, una vez más, los ciudadanos. Mientras tanto, la inseguridad continúa ocupando los primeros lugares en las preocupaciones de los morelenses. Prácticamente todos los días se conocen hechos violentos, homicidios o detenciones de personas vinculadas con grupos delictivos.
En fechas recientes, la captura de un presunto integrante de una organización criminal en Yautepec volvió a colocar a Morelos en la conversación nacional sobre la presencia de delincuentes de alta peligrosidad. Cada operativo exitoso demuestra que las instituciones pueden actuar con eficacia cuando existe coordinación. Pero también deja, como pregunta inevitable, ¿cuántos más permanecen operando en el estado mientras la población vive con miedo? Como si el panorama no fuera suficientemente complejo, los rumores y señalamientos que rodean a diversos actores políticos alimentan aún más la desconfianza ciudadana.
Es importante recordar que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario. Sin embargo, cuando las versiones sobre posibles vínculos con actividades ilícitas circulan constantemente, corresponde a las autoridades investigar con seriedad y transparencia para despejar cualquier duda. Morelos necesita recuperar la confianza en sus instituciones.
Esa confianza no se construye con discursos ni con campañas publicitarias, sino con resultados visibles: calles ordenadas, reglamentos que se cumplan, transporte digno, servidores públicos honestos y una estrategia de seguridad capaz de devolver la tranquilidad a las familias. La sociedad ya ha esperado demasiado. Es momento de que las autoridades, en todos los niveles de gobierno, den un verdadero golpe de autoridad dentro del marco de la ley. No para generar miedo, sino para demostrar que el Estado sigue teniendo el control y que el interés de los ciudadanos está por encima de cualquier interés político o económico. Solo así Morelos podrá comenzar a dejar atrás el desorden, la incertidumbre y la violencia que hoy tanto lastiman a la entidad. ¿No cree usted?
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